Estar a la altura de tan legítimas demandas, no se logra montando ese decreto sobre otro para declarar el 16 de enero Día de las víctimas del conflicto armado y afirmar que dejarían “de conmemorar a los que ordenaron sus muertes”; entonces, ¿devolverá el general Orlando Zepeda, reclamado por la Audiencia Nacional española, la condecoración recibida en julio del 2019? Estamos ante otra descarada burla en perjuicio de la dignidad de aquellas. Alguien juicioso al frente del Órgano Ejecutivo, sin actuar electoreramente aprovecharía sensatas iniciativas existentes e impulsaría otras desde lo humano y lo estratégico.
En diciembre del 2010 comenzó a conmemorarse el Día Internacional del derecho a la verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Así, cada 24 de marzo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) homenajea a monseñor Romero, vuelto mártir por defender a las personas cuya humanidad estaba siendo pisoteada. Por él y por el resto de víctimas, muchísimas de las cuales solo su familia las llora, Bukele debió asumir ese reconocimiento universal y hacer lo que no hicieron Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén: colaborar con la justicia para esclarecer el magnicidio y golpear la impunidad, sentando un útil precedente para su erradicación.
Por cierto, ¿se atrevería a negar la entrega de san Romero de América por atacar a Funes, quien hipócritamente aseguró este era su “guía espiritual”? Capaz, si lo considera útil para sus intereses políticos y personales.
La dignidad humana de tanta gente debería reivindicarla consecuentemente entregando ‒por ejemplo‒ archivos del terror que produjeron el ejército y los cuerpos represivos, buscando los que estén como “trofeos” en manos de altos oficiales castrenses de entonces, reconstruyendo la historia con testimonios de quienes participaron en la barbarie y presionando a las jefaturas de la insurgencia para que procedan igual. Esto tiene que ver con lo humano, pero también con lo estratégico pues el sistema de justicia tendría indicios, pruebas y testimonios para funcionar.
Pero esperar que proceda así Bukele, equivale a creer que las flores de papel al echarles agua crecen. Ni los archivos prometidos de la masacre en El Mozote y cantones aledaños entregó. Por eso y por más, no está honrando el acuerdo esencial de entre los que cesaron una guerra real en la que el Socorro Jurídico Cristiano (SJC) reportó ‒en 1980 y 1981‒ casi 30 000 asesinatos de población civil atribuibles a agentes estatales y escuadrones de la muerte. Esos datos son solo del SJC y no incluyen víctimas de la guerrilla ¿Había que frenar esas atrocidades con los mentados acuerdos o no? ¡Sí! Esos no fueron ninguna farsa; otra cosa es cómo se cumplieron, mal cumplieron e incumplieron.
Y el esencial de estos es el de Ginebra, del 4 de abril de 1990. Entonces, ciertamente, Bukele no cumplía nueve años; pero también es cierto que militó varios en un partido político que, antes de serlo, fue parte suscriptora de este y los demás documentos producto de las negociaciones mediadas por la ONU.
Hace tres décadas, pues, se delineó el rumbo del proceso para lograr la paz. Contrastemos sus componentes con lo ocurrido durante este quinquenio. Había que garantizar el irrestricto respeto de los derechos humanos, democratizar el país y (re)unificar la sociedad. En eso, Bukele saca mala nota. Y en el otro, terminar la guerra por la vía política, quién sabe cómo nos vaya de seguir así. La violencia política se huele, se siente, se transpira… Están en pie de guerra ‒canta Sabina‒ “el mártir y el desertor, el tibio y el kamikaze. Puestos a desangrarnos, tú contra yo… ¿Por qué no hacemos las paces?”