La cuestión sigue porque acaba de ser dejado en libertad, aunque bajo control judicial, el exjefe del Grupo de Reacción Policial (GRP). De hecho, fue él quien invitó a Carla a esa fiesta no autorizada de finales de diciembre de 2017.
Está claro que Carla Ayala fue asesinada y que el autor material, de indicativo Samurái, es quien ejecutó el hecho. Al poco tiempo de la desaparición de Ayala, el GRP fue disuelto. Y es este el punto importante y al que apenas se le ha prestado atención.
Como se sabe, la Policía Nacional Civil (PNC) fue uno de los resultados más positivos surgidos del proceso de negociación de la guerra que culminó con el Acuerdo de Paz del 16 de enero de 1992. Con la PNC se dejaban atrás los bochornosos y deplorables cuerpos de seguridad que tanto enlutaron a la familia salvadoreña.
Con el tiempo transcurrido desde 1992 hasta la fecha es posible constatar que la PNC ha mutado mucho y ha ido aventando en el camino las características de civilidad de las que fue investida. Los hechos denunciados y algunos judicializados que comprometen a elementos de la corporación policial son fiel testimonio de lo señalado.
Los optimistas dicen que son casos aislados. Y es aquí donde hay que distanciarse, porque no se trata de uno o diez casos. No, hay centenares (¿miles?) de hechos y situaciones diarias, en los que el proceder de la PNC deja mucho que desear. Y las unidades élite son el prototipo de la cuna de las arbitrariedades: por sus métodos bruscos, por sus protocolos invisibles y por su proceder expedito.
Bueno, el GRP era una unidad élite, pero a propósito del caso Carla Ayala, a nadie desde las instituciones se le ha ocurrido hacer la reconstrucción de esta unidad élite, el estudio de sus procesos, el análisis de sus jefes, la revisión de los expedientes de cada uno de sus integrantes, la valoración de cada una de las denuncias y judicializaciones donde sus miembros estuvieron involucrados. No, se disolvió el GRP y se formó otro nuevo, se mandaron a otras actividades a los más problemáticos, otros pasaron a instancias élite, como la Sección Táctica Operativa (STO).
Al parecer, no hay mucho interés institucional en restablecer la calidad de la PNC sino que lo único que importa es la efectividad operativa y punto.
Cumplir objetivos precisos y no contribuir al restablecimiento de la paz social, tarea que por cierto no está en agenda nacional.
Pero no solo la PNC esta plagada de hechos arbitrarios. Recién acaba de salir a la luz pública que unos testigos criteriados en un controvertido caso mediático (fiscales en el ejercicio de sus funciones), fueron coaccionados (¿no es eso tortura?). Y las declaraciones contundentes de una de las fiscales no deja la menor duda de que las arbitrariedades también tienen cabida en la Fiscalía General de la República (FGR). Si en la PNC es grave, en la FGR es gravísimo, porque se trata de la institución encargada de guíar todas las investigaciones de todos los delitos.
Si este hilo que ahora comienza a desatarse, a partir de las declaraciones de la fiscal coaccionada, y es más largo de lo que se imagina, pues la instancia principal del Ministerio Público estará en serios problemas, y el actual fiscal general deberá emprender un profundo proceso de reestructuración y no un mero traslado de personas, como hasta ahora se ha hecho. Hay muchas preguntas que comenzarán a surgir de desvelarse más anormalidades en el proceder de la FGR.
Todo indica que la ciudadanía deberá asumir una mayor beligerancia frente las distintas instancias del aparato estatal, porque este quehacer político delegativo no funciona muy bien. Los funcionarios han sido delegados por la ciudadanía (de forma directa e indirecta) para enderezar el rumbo de este barco a la deriva que es El Salvador, pero al nomás subirse a la embarcación sufren mareos, asumen demencia y buscan que la proa apunte hacia otro lado. La PNC, la FGR y otras instancias, aunque se ufanen en negarlo, en realidad tienen piernas de trapo.