La investigación, denominada Una generación fuera de la escuela, evidenció que 657 menores de edad no asistieron a los centros escolares de los tres municipios del departamento de San Salvador durante los tres años del estudio.
“Solo en 2018 se identificaron 487 niños y niñas ‘desescolarizados’, lo que representa el 38 % de los niños y niñas censados. La proporción de niños ‘desescolarizados’ es mayor en Apopa (46 %), que en Tonacatepeque (20 %)”, señala la investigación.
También revela que el 55% de los que no asistieron a los centros escolares fueron niños, mientras que el 45 % fueron niñas. El 68 % tenían 14 años o más y el 9 % tenía una discapacidad.
“11 % de los niños dejaron la escuela a los 10 años, 14 % a los 11 años, y 11 % a los 14 años. Hay una distribución más o menos constante (entre 1 y 8 % para cada edad) para los niños que dejaron la escuela a otras edades”, indica el estudio.
Asimismo, explica que las razones principales para el abandono de la escuela fueron la pobreza, violencia y el desplazamiento.
Destaca que en los hogares no pueden pagar la alimentación y traslado de los niños a los centros educativos, o que existe la necesidad que los pequeños trabajen para apoyar en la casa.
De igual forma, señala que la violencia está presente en los conflictos en centros escolares, en caminos peligrosos a la escuela y en los embarazos de niñas debido a agresiones sexuales.
En cuanto a los desplazamientos, la investigación expone que están forzados por la violencia, la pobreza y los fenómenos naturales.
“Detrás de las razones capturadas en el censo hay otros motivos para la deserción escolar que se pueden inferir por los altos índices de violencia en estos tres municipios”, asegura el NRC.
Entre las otras razones cuenta el reclutamiento infantil y juvenil con fines delictivos, la restricción de movilidad “por fronteras invisibles”; es decir, territorios donde los infantes no pueden ingresar porque son controlados por pandillas contrarias a las que dominan la zona donde viven, además de la violencia sexual que sufren las niñas.
Las evidencias indican que la perpetuación de la pobreza, el reclutamiento forzado en grupos delictivos, la explotación económica, el trabajo infantil (incluido el sexo), el matrimonio precoz y el embarazo son algunos de los riesgos a los que están expuestos los niños no escolarizados.
Ante este panorama, la investigación resalta que el gobierno debe involucrar a las autoridades departamentales, municipales, direcciones departamentales y centros escolares a adoptar una metodología para identificar a los niños que no están asistiendo a la escuela, que han sido deportados o desplazados y brindarles alternativas para que sean incluidos en el sistema educativo.
