La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, mencionó que la “Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones” dice que anualmente el Fiscal debe presentar a la Comisión de Legislación un informe confidencial del uso de dicha facultad, pero este no ha sido presentado y cuestiona a quiénes interviene. “¿Para intervenir las comunicaciones de quién, de los periodistas que destaparon la tregua de este Gobierno y los anteriores?”, cuestionó Ortiz.
Vamos votó en contra de aprobar el refuerzo, al igual que el diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol. “Carecen, bajo un régimen de estado de excepción, del factor de control judicial, entonces, se puede hacer de una manera totalmente discrecional y eso indudablemente preocupa mucho”, expresó.
La diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó que las escuchas telefónicas no se ha transparentado. “El fondo de todo tiene a la base fortalecer estos mecanismos para seguir vigilando a la población salvadoreña que nada debe en esos temas”, expuso Argueta.
Numan Salgado, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), resta importancia a las declaraciones de la oposición. “Hacerle una espionaje a la oposición es cuando de verdad existe oposición”, dijo.
Mientras, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), no ve inconveniente en la intervención de las telecomunicaciones e incluso no descarta que su mismo teléfono esté intervenido. “A mí no me ofende que me intervengan mi teléfono, siempre y cuando sea coherente con la realidad”, dijo. López Cardoza no votó por incorporar los fondos, votó en su lugar la suplente Rebeca Rodríguez.
René Portillo Cuadra, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo que “el tema de fondo es si El Salvador necesita invertir $10 millones en intervenciones telefónicas, cuando hay miles de familias que están necesitando el paquete agrícola, que están necesitando un techo digno”.Con 66 votos, la Asamblea Legislativa aprobó incorporar $14 millones al presupuesto 2022 de la Fiscalía General de la República (FGR), de los cuales más de $10.9 millones estarán destinados al Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, lo que genera cuestionamientos entre la oposición sobre el uso de dicha herramienta en el marco del régimen de excepción.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, mencionó que la “Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones” dice que anualmente el Fiscal debe presentar a la Comisión de Legislación un informe confidencial del uso de dicha facultad, pero este no ha sido presentado y cuestiona a quiénes interviene. “¿Para intervenir las comunicaciones de quién, de los periodistas que destaparon la tregua de este Gobierno y los anteriores?”, cuestionó Ortiz.
Vamos votó en contra de aprobar el refuerzo, al igual que el diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol. “Carecen, bajo un régimen de estado de excepción, del factor de control judicial, entonces, se puede hacer de una manera totalmente discrecional y eso indudablemente preocupa mucho”, expresó.
La diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó que las escuchas telefónicas no se ha transparentado. “El fondo de todo tiene a la base fortalecer estos mecanismos para seguir vigilando a la población salvadoreña que nada debe en esos temas”, expuso Argueta.
Numan Salgado, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), resta importancia a las declaraciones de la oposición. “Hacerle una espionaje a la oposición es cuando de verdad existe oposición”, dijo.
Mientras, el diputado Reynaldo López Cardoza, del Partido de Concertación Nacional (PCN), no ve inconveniente en la intervención de las telecomunicaciones e incluso no descarta que su mismo teléfono esté intervenido. “A mí no me ofende que me intervengan mi teléfono, siempre y cuando sea coherente con la realidad”, dijo. López Cardoza no votó por incorporar los fondos, votó en su lugar la suplente Rebeca Rodríguez.
René Portillo Cuadra, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dijo que “el tema de fondo es si El Salvador necesita invertir $10 millones en intervenciones telefónicas, cuando hay miles de familias que están necesitando el paquete agrícola, que están necesitando un techo digno”.