Son un total de 306 casos de hechos de tortura como malos tratos, uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y otros actos registrados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
A ello le suman 63 muertes de personas detenidas mientras estaban en custodia de las autoridades de Centros Penales y de la Policía Nacional Civil (PNC).
“Lo que está viviendo en El Salvador nos va a estallar en la cara en un futuro, esto que llaman daños colaterales vamos a pagar las consecuencias en un futuro. Las medidas represivas no son la solución para un problema social. Nos va a estallar y tenemos que estar preparados para eso”, auguró Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Serrano explicó que el Gobierno aplica el régimen de excepción por el respaldo popular, por la ausencia de un plan de seguridad y porque le permite evadir el control en el uso de dinero público.
#PolíticaSV | Observatorio de la UCA presenta hoy evaluación de 100 días del régimen de excepción. Danilo Flores, director del OUDH, dice que se están dando casos de tortura. Al 19 de julio, se reportan 63 muertes.
— Diario El Mundo (@ElMundoSV) August 10, 2022
Vía @Yolden1pic.twitter.com/YYDDpniaWM
El régimen de excepción suspende las garantías constitucionales contenidas en los artículos 7 inciso 1 (derecho a asociarse libremente y reunirse pacíficamente), 12 inciso 2 (obligación de informar al detenido de sus derechos y razones de su detención), 13 inciso 2 (detención máxima de 72 horas) y 24 (prohibición de intervenciones telefónicas) de la Constitución de la República.