Más de 300 casos de prácticas de tortura en la aplicación del régimen de excepción en El Salvador, ha registrado hasta hoy el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH), que presentó este miércoles un informe de 100 días del régimen.

Son un total de 306 casos de hechos de tortura como malos tratos, uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y otros actos registrados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

A ello le suman 63 muertes de personas detenidas mientras estaban en custodia de las autoridades de Centros Penales y de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Lo que está viviendo en El Salvador nos va a estallar en la cara en un futuro, esto que llaman daños colaterales vamos a pagar las consecuencias en un futuro. Las medidas represivas no son la solución para un problema social. Nos va a estallar y tenemos que estar preparados para eso”, auguró Omar Serrano, vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).


Serrano explicó que el Gobierno aplica el régimen de excepción por el respaldo popular, por la ausencia de un plan de seguridad y porque le permite evadir el control en el uso de dinero público.


El régimen de excepción suspende las garantías constitucionales contenidas en los artículos 7 inciso 1 (derecho a asociarse libremente y reunirse pacíficamente), 12 inciso 2 (obligación de informar al detenido de sus derechos y razones de su detención), 13 inciso 2 (detención máxima de 72 horas) y 24 (prohibición de intervenciones telefónicas) de la Constitución de la República.