La diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que la medida ha servido para “intimidar”a la población y ve ha dejado "daños bien sensibles", señalando miles de capturas de inocentes, niñez en condiciones de abandono, crisis en economías de las familias y con más fuerza en las familias de las víctimas inocentes del régimen. "Preocupa que en algún momento se dé un estallido social, al no ser capaz este gobierno de ver el tema con integralidad”, advirtió la diputada del FMLN.
Por su parte, la diputada Villatoro, de Arena, aseveró que el régimen de excepción se ha usado como arma de coacción y exigió una depuración policial y militar. “Cuando han violado militares a menores de edad o cuando han amenazado a familias con llevarse a alguien por el régimen a cambio de algo, eso no puede seguir pasando en el país después de 2 años y debería hacerse una limpia de aquellos malos elementos de la Policía como militares que han buscado menoscabar a las familias salvadoreñas para sus propios beneficios”, aseveró la diputada de Arena.Se ha utilizado en contra de las comunidades organizadas y organizaciones sociales como un mecanismo de intimidación. Sí, hay una disminución aparente de la violencia, al menos de cifra de homicidios, sin embargo, al no tener datos oficiales es imposible conocer el impacto real de la medida”.
Anabel Belloso,
diputada del FMLN.
No se puede negar que existen mejoras en la seguridad en las comunidades; sin embargo, han existido abusos por parte de los cuerpos policiales cuando han apresado a personas que no tienen relación con las pandillas.
Marcela Villatoro,
diputada de Arena.
La diputada Belloso consideró que “ninguno de los derechos suspendidos es una herramienta eficaz en contra de las pandillas. No existen datos oficiales, por lo que no se puede establecer si en efecto existe una disminución. El gobierno dice 0 homicidios pero cambió completamente los criterios, siguen los desaparecidos, hay delincuencia común, feminicidios, pero al final siempre constituyen inseguridad ciudadana”.
El régimen de excepción mantiene suspendidos los derechos de defensa, de tener un máximo de 72 horas de detención administrativa y de tener privacidad en las telecomunicaciones si no hay una orden judicial que autorice su intervención.
Ambas diputadas de oposición critican que el régimen de excepción no es una política de seguridad y creen necesaria una normativa que aplique a los pandilleros y no a la población en general. "No hay una verdadera política de seguridad ciudadana, parece que este gobierno no sabe qué hacer de manera integral y eso es insostenible en el tiempo. La pobreza extrema se ha duplicado, la desigualdad crece, la migración continúa y esos son detonantes de inseguridad", se quejó Belloso.
La más reciente prórroga del régimen de excepción –la número 24– fue aprobada con 67 votos de Nuevas Ideas y sus aliados, y su vigencia durará hasta el 10 de abril de 2024 pero los legisladores tanto oficialistas como sus aliados insistieron en que lo seguirán prolongando hasta que sea necesario. En esa prórroga votaron en contra John Wright Sol, de Nuestro Tiempo; e Iliana Vigil, Julieta Amaya de Pérez y Rocío Menjívar Tejada, diputadas suplentes del FMLN.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 debido a un inusual repunte de violencia homicida registrada entre el viernes 25 y el domingo 27 de marzo de 2022, que dejó al menos 87 asesinatos en todo el país.