Por Metzi Rosales Martel.
Recuerdo el día que Evelyn Hernández fue condenada a 30 años. El desfile de testigos en su contra, quienes basaron sus testimonios en referencias y prejuicios, y la resolución de la jueza, también basada en prejuicios y no apegada a derecho.
Ninguno de los testigos estuvo realmente con Evelyn al momento del parto intradomiciliario que la haría terminar esposada a la camilla del Hospital Nacional de Cojutepeque, el 6 de abril de 2016. Recuerdo las miradas de los custodios y esa sensación de que todos daban por sentado que ella había cometido un delito. Todos en la sala de audiencias la habían condenado antes de que la jueza Nury Velásquez Joya, la sentenciara a 30 años de cárcel. Y eso pasa en El Salvador. Desde 1998, si una mujer tiene un parto extrahospitalario y/o una emergencia obstétrica y su bebé fallece, automáticamente es acusada de aborto. Luego, en el proceso judicial, por ser un embarazo de término, el delito es modificado a homicidio agravado. Esta no es mi opinión, ya existe un registro de 149 casos similares de mujeres procesadas y/o condenadas por aborto o por homicidio agravado. Esto de acuerdo con una investigación realizada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Los datos corresponden a enero del 2000 y abarcan hasta el 2014.
En El Salvador, es difícil que alguien les crea a esta jovencitas que desconocían estar embarazadas o que sus embarazos fueron producto de violencia sexual. Basta con recordar el caso de Imelda Cortez. Y el reportaje titulado: "Un paraíso para los violadores de menores", publicado por El Faro en el que se consigna, con datos de la Corte Suprema de Justicia, que solo uno de cada diez casos denunciados termina en condena. En el 2016, el Instituto de Medicina Legal determinó la existencia de 71 embarazos en niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. En el 2017, la cifra aumentó a 136. Esto de
acuerdo con el Mapa de embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador 2017, titulado: Más de 19 mil razones para la protección de niñas y adolescentes, elaborado por el el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer de 2017, en El Salvador siete de cada diez mujeres fueron víctimas de violencia y cuatro de cada diez sufrieron violencia de índole sexual. Para el mismo año, según datos del Instituto de Medicina Legal, unas 1,442 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad fueron víctimas de violencia sexual y 62.6 % de los casos ocurrió en sus propias viviendas.
A pesar de estas cifras, que no dejan de ser un subregistro porque no todas denuncian los ataques sexuales ni todos los hospitales registran/reportan si los embarazos son producto de violencia sexual, los prejuicios nos llevan a creer y a aseverar que ellas provocaron esta situación (sí, la violación); y, también nos es más fácil pensar que son culpables de aborto u homicidio, antes de pensar que son inocentes y que las acusaciones fiscales carecen de evidencia científica y se basan en lo que unas personas (testigos, en su mayoría vecinos o vecinas) creen y/o imaginan que sucedió.
En el expediente de Evelyn consta que su bebé murió por aspirar sus primeras heces (asfixia por meconio). Incluso así, Evelyn fue condenada a 30 años de cárcel. En su sentencia, la jueza la condenó por no haber tenido un control prenatal. Además, le dijo que era imposible que desconociera su preñez. La Cámara Primera de lo Penal anuló el fallo porque tanto la Fiscalía como la jueza ignoraron la prueba forense: la causa de muerte del recién nacido fue por aspirar sus primeras heces tras el parto extrahospitalario.
Esto no pudo ser provocado por Evelyn. Incluso así, la Fiscalía continúa con su acusación y ella enfrentará una nueva audiencia de sentencia este 15 de julio. Esto la expone nuevamente a ser condenada a 30 años de cárcel por un delito, que de acuerdo con la prueba científica no cometió.
La historia de Evelyn probablemente no será la última que conozcamos. Podría ser la mía, la suya si es mujer joven o adulta. La de su hija, la de su hermana, la de su sobrina, la de su tía, la de su mamá. Si el personal médico, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa e incluso la presidencia de la república no promueven una legislación a favor de las mujeres para evitar la criminalización de las emergencias obstétricas y/o partos extrahospitalarios, nuestro país seguirá registrando a otras Evelyn. Necesitamos un cambio legal por todas las Evelyn.