Diputados Alberto Romero, Guadalupe Vásquez, Guillermo Gallegos y Rodolfo Parker, en Comisión Política hoy. Foto: Óscar Machón.
En el cuarto día de discusión para aprobar una ley de emergencia y de reapertura económica, el secretario privado presidencial, Ernesto Castro, aseguró que los diputados de la Comisión Política de la Asamblea quieren alargar la discusión “lo más posible”.
“Por la tónica del inicio de la sesión, espero equivocarme, todo va dirigido a dilatar la reunión lo más posible, llegar a la tarde y decir no encontramos un acuerdo, en la plenaria, llevar por mayoría lo que estaba decidido hasta el domingo”, señaló.
El tema de discusión era quién paga los salarios de las personas que están en cuarentena domiciliar.
La discusión inició la madrugada del jueves cuando el Gobierno pidió agregar “cuarentena controlada” al artículo que beneficia con subsidio del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a los trabajadores con aislamiento o cuarentena obligatoria. El objetivo es reducir el monto que deberá erogar el ISSS hacia los trabajadores que estén en centros de cuarentena o en aislamiento por COVID-19 y no a todos los empleados que hacen cuarentena en sus lugares de residencia.
“Yo no sé si al final quieren quebrar al Seguro Social. No sigan diciendo que hay”, señaló este jueves el secretario presidencial cuando se reanudó la discusión luego de concluir la anterior reunión casi a la 1:00 de mañana. Castro propuso poner financiamiento a esta iniciativa.
El diputado Rodolfo Parker, del PDC, sugirió que se agregara un inciso que disponga el financiamiento del decreto 608 para el ISSS.
El abogado Javier Argueta pidió sugerir la redacción de un artículo que incluyera el financiamiento de este subsidio, señalando que “los $140 millones ahí están”.
De los últimos $1,000 millones solicitados por el Gobierno y aprobados por la Asamblea Legislativa para el rescate de la economía, hay asignados $140 millones para el “Programa de subsidio para los empleados de la micro, pequeña y mediana empresa registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y afectadas por la crisis del COVID-19”.
El resto de los $1,000 millones quedó distribuido por ley así: $360 millones para créditos a empresas registradas en el ISSS, $100 millones para financiamiento al sector informal y $400 millones para el Gobierno, para pago de proveedores y devolución de IVA a exportadores.
Los diputados acordaron esperar la redacción para definir si, de esta forma, habrá apoyo financiero para el pago de salarios de algunos trabajadores no dejen de percibir sus salarios. La discusión aún no finaliza; los diputados esperan aprobar este jueves la nueva ley que regularía una cuarentena domiciliar de unos 15 días y la posterior reactivación económica gradual.