Pero en esta manera de ver las cosas hay una trampa del lenguaje, como solía repetir Wittgenstein.
El pasado fue, claro que sí, el problema es que lo acontecido, lo materializado marca el presente vivido. Y eso comprende todas las esferas de la vida.
¿El futuro? En sentido estricto, no existe. Es, si se quiere, una proyección, una fabulación o incluso una ilusión que se catapulta desde el presente. El futuro no es más que la actualización del presente.
Un hecho singular como el protagonizado por Eduardo Escalante, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, sin duda que amerita una reflexión cuidadosa, por todo lo que está en juego.
Escalante es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de agresión sexual contra una niña de 10 años de edad. Y esto sucedió el 19 de febrero de 2019.
La Asamblea Legislativa tuvo que retirarle el fuero que le corresponde por su dignidad de magistrado. La FGR de inmediato procedió a realizar las investigaciones correspondientes y el resultado es que el caso se judicializó. Hasta aquí, digamos, la cuestión parecía seguir un curso normal, sin obstrucciones.
Pero hace unos días, la Cámara Primera de lo Penal hizo saber su resolución, donde se afirma que ‘el carácter de instantáneo y haberse producido sobre la ropa de la víctima no permiten calificarlos con la gravedad y trascendencia necesaria para ser constitutivos del tipo penal invocado’, es decir, como delito establecido en el artículo 161 del Código Penal.
¿Qué están diciendo los señores magistrados de la Cámara Primera de lo Penal? ¿Que por las acciones de Escalante se trata de una falta y no de un delito y para reforzar su argumento apelan al artículo 392, numeral 4 del Código Penal?
¡Qué manera de imponerse la visión de prácticas del pasado que favorecen la impunidad!
Sin embargo, el relato de la niña agredida sexualmente por Escalante dice que ‘un hombre se le acercó para tomarla de sus hombros y luego le tocó sus partes íntimas encima del overol que vestía (…) después, el hombre movía su cabeza como diciendo no de forma rápida y después salió corriendo.
Si a esto se le agrega que la niña se encontraba frente a la vivienda de su tía en compañía de otro niño y que Escalante les lanzaba a los niños dinero a la acera, y es entonces cuando Escalante se le acercó a la niña agredida por él. Una vecina que estaba cerca gritó (a la madre de la niña) ‘te están tocando a la niña’, y fueron la vecina y la tía adonde la madre de la niña y ésta quiso perseguir al sujeto, pero ya se había ido.
Más claro no puede estar.
De todo lo anterior se desprenden varias preguntas que la institucionalidad del país debería responder: ¿Por qué los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal se decantaron por la noción de falta y no por la de delito? Es difícil creer que se hayan confundido o aturdido. ¿No será una manera velada (machista, anclada en prácticas del pasado) de proteger a Escalante, que no es solo un funcionario público, sino un magistrado, UN JUEZ, una persona que imparte justicia? Y además, ¿qué hacía ese 19 de febrero este señor en residencial Altavista 2? ¿Y la prueba de toxicología que le hicieron qué dice?
El responsable de la FGR ha sido claro y tajante al afirmar que ahora él es el responsable de proteger los derechos de esta niña. Y está muy bien. Pero el fiscal general debería asumir una responsabilidad mayor: en el país en 2020 habrá cerca de 278,851 niñas que tienen entre nueve y 13 años de edad. ¿O es que éste es un caso único y aislado? ¿Y qué están esperando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para tomar cartas en el asunto? ¿Y dónde está el registro de este tipo de agresiones sufridas por nuestras niñas (y niños también)? ¿Y la ministra de Educación que está esperando (¿el twitter?) para indagar e investigar en las escuelas del país acerca de hechos de este tipo que han quedado en la impunidad?
Por esa ausencia de respuestas concretas es que la ciudadanía, hombres y mujeres, con razón, están expresando su pensar y sentir sobre esto.