En balance, se tiene una de cal y otra de arena pues, si bien, un mayor gasto social resulta necesario y urgente para paliar los efectos de la crisis actual; por otro lado, su viabilidad queda en entredicho debido a que se supedita a una meta de ingresos poco factible. De igual manera ocurre con el gasto de capital, pero, además, también resulta insuficiente para impulsar una reactivación rápida de la economía. En cuanto a los recortes que se observan en las entidades vinculadas con la garantía de los derechos humanos, del acceso a la información y del buen uso de los recursos públicos, pudiera pensarse que se trata de temas no prioritarios para la administración actual, lo cual puede resultar pernicioso, pues, hoy más que nunca debieran ser garantizados.
De esta cuenta se corre el riesgo de que el gasto, y particularmente el social, no se pueda cumplir o bien, para lograrlo pudiera ser requerido incurrir en más endeudamiento de lo que se plantea en el presupuesto. Esto impone un problema complejo porque la deuda en particular ya es insostenible, lo cual es preocupante en el contexto actual de crisis, donde las desigualdades estructurales se han profundizado y, por tanto, es necesario destinar recursos para la garantía de derechos.
En consecuencia, el proyecto de presupuesto no resuelve el problema de gran envergadura que tienen las finanzas públicas del país que es, por un lado, garantizar la sostenibilidad de la deuda y, por otro lado, cumplir con los compromisos en pro del bienestar de la población.
Esto se afirma porque, la sobreestimación de los ingresos públicos no permite tener una noción real sobre la capacidad para hacer frente al pago de la deuda (y de sus intereses), y la capacidad de garantizar, al mismo tiempo, los derechos reconocidos en la Constitución de la República y en los diversos compromisos internacionales.
Ante este panorama es urgente que exijamos a las autoridades un involucramiento de la ciudadanía en la definición del presupuesto público, pues se trata de nuestros recursos y de nuestro bienestar.
Debemos exigir que se involucre a la ciudadanía a fin de identificar espacios que permitan superar la crisis actual por medio de unas finanzas públicas transparentes, viables e inclusivas. Esto supone, en primer lugar, repensar los ingresos públicos (especialmente en materia impositiva), de tal forma que estos sean suficientes y socialmente justos, pero que al mismo tiempo que otorguen una visión realista de las capacidades para hacer frente a las obligaciones del Estado en materia de derechos; en segundo lugar, la reducción o eliminación de gastos considerados no esenciales, en la medida que no contribuyen al bienestar de la población; en tercer lugar, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos pues de ello depende en gran medida la garantía de nuestros derechos ciudadanos. Finalmente, plantear una posible renegociación de la deuda hacia fuentes más baratas.
De no lograr concretar estos grandes temas de forma participativa, posiblemente tendremos un presupuesto que no podrá hacer frente a los efectos que deriven de la crisis actual, repercutiendo en daños irreversibles para el bienestar de la población. Garantizar un presupuesto adecuado para la actual coyuntura y, más allá de esto, para resolver los problemas estructurales de las finanzas públicas resulta fundamental y urgente.