Los magistrados fueron destituidos el 1 de mayo por la nueva Asamblea Legislativa. Uno no ha renunciado. Piden medidas de seguridad a su integridad.
El 3 de septiembre, el mismo día que la nueva Sala de lo Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata, un grupo de abogados salvadoreños anunció la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la Sala de lo Constitucional destituida.
Las medidas solicitadas son: 1. que el Estado de El Salvador adopte medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de los cinco magistrados destituidos y sus familias; 2. que ordene al Estado de El Salvador el reinstalo de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional hasta resolver el caso; 3. que se ordene al Estado la entrega de un informe de cumplimiento.
Lo consideran urgente. Advierten a la CIDH que, si estas medidas no se adoptan, podría haber un "daño irreparable".
El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador destituyó a la Sala de lo Constitucional y la sustituyó por cinco magistrados cercanos al poder Ejecutivo, cuyo partido domina el Legislativo desde dicha fecha. Fue a solicitud de la diputada Suecy Callejas. Votaron 64 de 84 diputados.
Renuncias "nulas"
La demanda sostiene que las renuncias de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional serían nulas.
El argumento es estas renuncias "se firmaron en condiciones de amedrentamiento". Consideran así que la voluntad de los funcionarios tiene "vicios".
Según esta tesis, eso podría volver posible que los magistrados vuelvan a sus cargos.
Sin embargo, los abogados explican que esto ha sido evitado "a toda costa" por el "aparato de persecución penal del régimen de Nayib Bukele": algunos magistrados destituidos fueron perseguidos el día de su remoción arbitraria y continúan siendo víctimas de intimidación.
Violación de derechos
La denuncia ante la CIDH reporta la violación de derechos de los magistrados y pide remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte Interamericana es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) que emite sentencias vinculantes para los Estados.
Los derechos que habrían sido violados son:
- Derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo y legal.
- Derecho al respeto del principio de legalidad en el marco de un procedimiento sancionador.
- Derecho a permanecer en el cargo bajo principio de independencia judicial.
- Derecho a la protección judicial.
La denuncia argumenta que "el Estado salvadoreño transita una escabrosa vía al autoritarismo", señalando que ha habido una politización de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.
Así mismo, sostiene un uso político de la Fiscalía General de la República, cuyo titular fue destituido el 1 de mayo y sustituido por Rodolfo Delgado, cercano al Poder Ejecutivo.
Los denunciantes sostienen que en El Salvador "no existe ninguna institución que pueda tutelar a una persona cuyos derechos fundamentales hayan sido vulnerados por el partido gobernante".