En el ejercicio del poder político, en la calidad de “delegados del pueblo” que les da el Art. 86, inciso 3, de la Constitución, los ministros no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, lo cual significa que sólo pueden hacer lo que las leyes les permiten. Esto es lo que en lenguaje jurídico se llama “principio de legalidad”. En este contexto los ministros y viceministros de Estado son responsables, juntamente con el presidente por los actos que legalicen (Art. 171).
Suele ocurrir, generalmente en sistemas de gobierno autocrático, que los funcionarios que no están de acuerdo con las políticas de ese gobierno y que tampoco quieren ser solidarios con los actos por este realizados, se registren renuncias a diversos niveles del aparato político.
Esto lleva a la reflexión del porqué de la renuncia a sus cargos de más de una docena de funcionarios, de diversos niveles, en los primeros trece meses del actual gobierno.
Los más sensitivos cargos que han sido abandonados por sus titulares, son la Dirección del Seguro Social que se encarga de atender, entre otros, asuntos derivados de la invalidez, vejez y muerte de los asegurados. El cargo es estratégicamente importante, desde el punto de vista político, por el manejo de fondos multimillonarios de los cotizantes y por su vinculación con la empresa privada y los sindicatos de trabajadores. Es significativo que la funcionaria renunciante estuvo ligada estrechamente a la familia Bukele, como persona de suma confianza, en su especialidad de químico farmacéutica y como gerente general de la empresa familiar, Droguería Sinquimia.
Pero más enigmática resulta la reciente renuncia del ministro de Hacienda, una plaza de vital importancia en la administración pública como guardián del Tesoro Nacional en lo que se refiere a la vigilancia, manejo y protección de la hacienda pública (Art. 223 de la Cn.) Asimismo velar por el equilibrio del presupuesto general del Estado, la autorización de todas la erogaciones que concurran a la finalidad del Estado, entre ellas las transferencias de fondos orientados a diversos ministerios, cumpliendo con la formalidad legal de la autorización de la Asamblea. Pero como ya es práctica permanente del Ejecutivo de saltarse la norma constitucional de la Asamblea, además de no rendir cuentas de las operaciones, los organismos internacionales ven con reserva la imprecisa aplicación de la Ley de la Administración Financiera del Estado, AFI.
Es sintomática la renuncia del ministro de Hacienda, un funcionario endosado por los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén, bajo aparentes negociaciones políticas ignoradas, en la proximidad de la transferencia de fondos al ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, fondos por los cuales se negó a responder el titular de la cartera ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea, por la compra millonaria de granos básicos a una empresa con sede en el Estado mejicano de Sinaloa.
Las renuncias de estos funcionarios de primer nivel podrían significar el propósito de estos de desligarse de los actos ilegales cometidos por el Órgano Ejecutivo que, a su vez, pueden precipitar a la actual administración a una irreversible crisis de gabinete.