Combatir la pandemia ha requerido tomar medidas de distanciamiento social y suspensión de actividades económicas no esenciales, algo necesario para resguardar la vida de las personas. Ahora bien, no todos vivimos la cuarentena en las mismas condiciones, pues esta es un lujo que más de 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas no se pueden permitir.
Al tiempo en que decretaba la cuarentena domiciliar obligatoria, el gobierno decidió entregar un bono de USD 300.0 a las personas directamente afectadas. Me gustaría pensar que esta propuesta obedeció a que, en un inicio, los tomadores de decisión entendieron que la cuarentena era un privilegio inaccesible para gran parte de la población. La idea estuvo bien, pero todo lo valioso que pudo haber en ella se menoscabó con un fiasco de implementación. Primero, no se supo identificar certeramente a las personas que deberían recibir la transferencia: la selección se basó en usuarios de servicios públicos y beneficiarios de programas sociales que distan mucho de tener cobertura universal, incluso en algunos de ellos la cobertura a la población más vulnerable es casi nula. A esto se sumó los oídos sordos y la falta de disposición para escuchar recomendaciones técnicas de entidades con conocimiento y experiencia en la materia, que hubieran minimizado los potenciales errores de implementación. Luego derivado de una improvisación y fallas en lo que se supone es el brazo fuerte del Gobierno: la comunicación, atestiguamos aglomeraciones en los Cenade, de personas que no habían sido beneficiadas, pero necesitaban esos recursos; posteriormente se habilitó un call center y una plataforma web para ampliar los listados de beneficiarios.
Hace dos semanas que no se pueden introducir reclamos nuevos, hace una semana el call center informa que ya no se van a otorgar más subsidios y los bancos, a falta de nuevos depósitos de fondos gubernamentales, ya no entregan más recursos. Mientras tanto, muchas de las personas que necesitaban la asistencia siguen sin poder garantizar un plato de comida para su familia. El objetivo que buscaba esta política no se cumplió para quienes más lo necesitaban y seguimos enfrentando una pandemia que requiere que sigamos en cuarentena domiciliar.
El Ejecutivo ya abandonó la idea de realizar transferencias directas a las personas, sobretodo porque su costo financiero, más de USD 400 millones al mes, es inviable. Parece ser que la apuesta ahora será la entrega de canastas básicas, pero hay que advertir que, si la identificación de beneficiarios y los mecanismos de entrega siguen los mismos criterios que el programa de transferencias, los errores que se cometieron se repetirán.
A la lucha contra la pandemia tenemos que sumar el hecho de que los problemas estructurales que teníamos antes de la crisis se han exacerbado y son cada vez más evidentes. Por ejemplo, muchos niños, niñas y adolescentes están en riesgo de dejar de estudiar por no poder cubrir el costo de la educación, por no tener acceso a herramientas para recibir educación a distancia o porque se verán en la necesidad de contribuir a la economía familiar. Además se debe considerar que la seguridad alimentaria y nutricional de muchos de esos menores depende directamente de los programas de alimentación escolar. Y ni que decir sobre los cerca de 900 mil niños, niñas y adolescentes para quienes la escuela nunca ha existido.
Los desafíos que tenemos enfrente son extremadamente complejos por lo que vale preguntar al Gobierno ¿y ahora qué?, ¿cuál es el plan?, ¿cuáles son las apuestas para los próximos meses y los próximos años?, ¿qué vamos a hacer con el resto de problemas que amenazan el bienestar de la población como la falta de certeza de ingresos, el no acceso a educación o la creciente inseguridad ciudadana?
El Ejecutivo cuenta con USD 2 mil millones de deuda aprobados para atender la pandemia, y ha solicitado USD 1 mil millones adicionales, pero si no se tiene claridad de cómo se van a utilizar esos recursos para maximizar los resultados, y si además dichos recursos se ejecutan sin transparencia y probidad, al final solo seremos un país más endeudado, con los mismos problemas de siempre, pero quizás con nuevos y más enriquecidos corruptos.
Indudablemente las respuestas a estos desafíos no son fáciles, pero en eso consiste gobernar: atender al mismo tiempo lo urgente y lo importante; teniendo claridad sobre qué sigue después de cada paso.