La comisión de cultura y educación de la Asamblea Legislativa acordó dar un dictamen favorable para reducir al 50% las cuotas de escolaridad a las familias directamente afectadas por la crisis generada por la pandemia y dejar que el Estado a través del Ministerio de
Educación subsidie dichas cuotas lo cual suena del todo descabellado, populista y falta de visión por parte de los legisladores.

Cuando empezó esta iniciativa por parte un movimiento universitario proveniente de la única universidad pública de El Salvador tuvo eco en los colegios privados y dicha comisión escuchó a los involucrados y los directamente afectados por parte de las Instituciones de Educación Superior, y Asociaciones de colegios, es más el Ministro de Hacienda declaró en su momento que es difícil derogar del erario público estos montos por la difícil situación que se enfrenta además la Asamblea estaría violando la Ley de Responsabilidad Fiscal. La Ministra de Educación propuso que el afectado mejor se abocara a la Institución Educativa y llegara a un acuerdo de pago de tal forma que le permita a los afectados poder pagar las cuotas escolares de manera flexible al mismo tiempo la funcionaria recientemente declaró que los daños causados por las tormentas afectaron las infraestructura de las escuelas y los montos para repararlas ascienden a más de 11 millones.

Se comprende que padres y madres de familia atraviesan una seria dificultad por diversas circunstancias provocadas por la crisis social y económica existente pero al mismo tiempo las Instituciones Educativas han continuado trabajando de manera virtual, han pagado los servicios
de mantenimiento y los salarios a los maestros y personal administrativo, la educación no se ha paralizado. El dictamen según la diputadas Martha Batres no contempla dejar de pagar salarios a los docentes y tampoco pretende afectar la estabilidad económica de los colegios y
universidades privadas, pues claro que si ya que la Institución Educativa dejará de percibir el otro cincuenta por ciento, se quedará sin ese ingreso al momento de matricularse o pagar su escolaridad el estudiante.

Los directamente afectados según el dictamen deberán de comprobarlo y abarca el grupo de micro-pequeños empresarios y estudiantes que costean sus estudios con trabajados por cuenta propia . Pero la pregunta surge ¿cómo se comprobarán estas condiciones? Lo cual deja
que las Instituciones Educativas realicen un estudio socioeconómico.

El dictamen se discutirá en la próxima plenaria y a lo mejor se apruebe pero llegara a casa presidencial y seguramente el presidente ejercerá su facultad de veto por lo expresado por el Ministro de Hacienda. Lo cierto es que el órgano legislativo debería mejor aprobar los 600
millones del fideicomiso que pretende ayudar a los micro-pequeños empresarios y financiamiento productivo para empresarios del sector informal que son los mismo afectados con los pagos de cuotas escolares, servicios, créditos y otros gastos que golpearon su situación económica en estos tiempos de aguda crisis lo cual les ayudará a su recuperación.

Esperemos que surge en la próxima plenaria.

La educación es un derecho fundamental pero con decretos y dictámenes no se solucionará el acceso a ejercer este derecho, esperamos leyes que favorezcan a que todos los niños accedan a ese derecho y se vele porque alcancen el nivel de escolaridad apropiado para
desarrollarse como seres humanos.