Los relatores especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Voule; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.


Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al Gobierno de El Salvador que informe de las medidas adoptadas para garantizar que el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros respete las “obligaciones de El Salvador en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”.

Los relatores especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Voule; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, enviaron una carta al presidente de la República, Nayib Bukele.
Deseamos recordar al Gobierno de Su Excelencia que la promoción y el respeto de los derechos humanos no es un asunto interno, sino un objeto del interés público internacional representado en las Naciones Unidas, así como en otras organizaciones internacionales regionales”. Relatores de la ONU.

En la carta, sostienen que la ley es incompatible con compromisos internacionales adoptados por El Salvador en instrumentos internacionales como el Pacto de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Así mismo, advierten que el Poder Legislativo “tiene la responsabilidad independiente” de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de libertad de expresión.

Los altos funcionarios de la ONU manifestaron que quisieran “recordar” al Gobierno del presidente Nayib Bukele que “los Estados tienen responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Piden espacio público


En la misiva, los relatores instaron al Gobierno salvadoreño a “que revise el proyecto de ley”, que abra un espacio público plural y que asigne tiempo adicional para la consideración legislativa y pública.

Mencionó que se debería convocar:

  • Autoridades públicas.

  • Empresas privadas.

  • Académicos.

  • Investigadores.

  • Partidos políticos.

  • Órganos electorales.

  • Organizaciones de la sociedad civil.

  • Defensores de derechos humanos.

  • Agencias de verificación de información.

  • Medios de comunicación y periodistas.


El Gobierno salvadoreño fue advertido de que el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros tiene “problemas graves y fundamentales de compatibilidad con las obligaciones de El Salvador en virtud del derecho internacional”.

Citan que el informe del relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación advirtió con preocupación una invocación de la “soberanía del Estado” para “restringir la financiación extranjera o para emprender campañas difamatorias contra quienes reciben fondos del extranjero”.

El 16 de noviembre, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un dictamen favorable de la Ley de Agentes Extranjeros, que prohíbe a las organizaciones que reciben donaciones extranjeras realizar actividades que arriesguen la estabilidad social y política; y grava con un 40 % donaciones.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció una consulta con la comunidad internacional y la "verdadera sociedad civil".