El informe señala que en los centros de contención hay un trato de privados de libertad. / DEM

A través de un nuevo informe, Cristosal reprochó que pese a recomendaciones internacionales, el gobierno sigue utilizando de forma “exclusiva”, los centros de contención y no el aislamiento domiciliar, para las personas que ingresan al país o que tienen ningún nexo epidemiológico.


El informe también señala que las dinámicas que vive la población albergada al interior de centros de contención del COVID-19, “se asemejan cada vez a más a los tratos que reciben personas privados de libertad de cárceles”.


Según el informe de Cristosal, del 27 de abril al 3 marzo, señala que el Gobierno ha utilizado miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) en albergues para, supuestamente, verificar la presencia de objetos ilícitos y bebidas alcohólicas.


Mientras que, en otro hecho, en un centro de contención donde supuestamente están guardando la cuarentena obligatoria presuntos pandilleros, ellos habrían golpeado a un hombre en el recinto, pero agentes de la corporación policial no intervinieron.


“En contradicción a las recomendaciones de expertos internacionales, El Salvador sigue utilizando casi exclusivamente la contención obligatoria –y no el aislamiento domiciliar- en centros no hospitalarios a personas que no cumplen con la cuarentena, que entran al país o de aquellas que son sospechosas de ser un nexo epidemiológico”, indica Cristosal a través de su escrito.


Actualmente hay 89 centros de cuarentena, 3,702 personas albergadas y 6475 finalizaron la cuarentena obligatoria.


El informe también determinó que, a personas retornadas, no les realizan las pruebas del COVID-19 y son obligados a extender su confinamiento de 30 días por un periodo más largos, sin recibir respuestas del personal médico de los albergues. Por otra parte, Cristosal recibió unas 11 denuncias relacionadas a vulneraciones de derechos humanos.


Entre el 27 de abril y 3 de mayo, ocho personas denunciaron privación de libertad perpetrada por agentes de la PNC, seis personas reportaron detenciones arbitrarias por miembros de la policia. Otra persona fue amenazada por miembros deñ Cuerpo Agentes Metropolitano de Olocuilta por negarse a utilizar los “arcos sanitizante”.