El Salvador es un país con problemas estructurales graves, es una de las naciones de América Latina, que reporta los más altos niveles de desigualdad económica, exclusión social, dos millones de personas viven en pobreza.
La desigualdad es producto de una economía que no genera suficientes empleos y remunera con bajos salarios a la mayoría de la población. La desigualdad es una amenaza grave a la economía y la vida en democracia.
En nuestro país, cada año 50,000 personas se incorporan al mercado de trabajo, la estructura económica nacional no tiene capacidad de absorber esta oferta de trabajo y como dice el presidente Bukele: “Toda nuestra economía está destrozada, nada funciona”. Está claro que hay que meter a la cárcel a los corruptos y sancionar a los políticos que hacen tratos con pandillas delincuenciales pero en paralelo hay que mejorar la economía y disminuir la desigualdad.
Otro problema principal del país es la exclusión social: La falta de educación y atención en salud de calidad, el no acceso a servicios básicos como el agua potable son carencias fundamentales. El mismo o mayor espacio en los medios de comunicación social se debería dedicar a estas problemáticas que lo que se dedica a cubrir los casos de corrupción.
La prensa debe explicitar la relación directa que existe entre corrupción y exclusión social, pues el dinero robado por los políticos, que han ejercido cargos públicos, bien se pudo haber ocupado en satisfacer necesidades básicas de la población.
La pobreza no solo tiene que ver con la falta de dinero. La pobreza es multidimensional, se siente en la escasez de cuestiones básicas para toda persona como una vivienda digna, trabajo decente, alimentación, salud, educación, de calidad. Cada uno de estos bienes tiene un valor monetario, y procurárselos requiere de dinero.
El año 2020 debe ser el año de la disminución de la pobreza. Reducirla no es una tarea sencilla, requiere de acciones en distintos ámbitos: promover el desarrollo económico-social, mejorar la calidad de los servicios que presta el Estado. Requiere de un enorme esfuerzo en términos materiales, humanos y financieros, pero todo pierde sentido si gastamos más tiempo y energías en combatir el nepotismo que en proponer acciones concretas que mejoren la calidad de vida de los salvadoreños.
Urge una agenda de país por la igualdad. Es perentorio promover una respuesta desde los medios de comunicación, los partidos políticos, las universidades y los movimientos sociales que deberían de ocuparse en promover acciones para dinamizar el crecimiento económico, el empleo decente y una más justa distribución de la riqueza.
Falta un poco más de un año para que se realicen las elecciones de diputados y alcaldes, ya se percibe la efervescencia electoral y aparece el deseo de ganar votos descalificando a los adversarios. Los partidos políticos deben ser más responsables y enfocarse, con visión de país, en proponer políticas de Estado. Plantear soluciones a los grandes problemas que aquejan a la nación, esta debería ser la dirección del esfuerzo principal.
Denunciar el nepotismo, meter a la cárcel a los corruptos es bueno, pero es dos veces bueno, dedicar todas las energías y el tiempo a superar la desigualdad económica, la exclusión social y la pobreza, sin descuidar la atención a los problemas de coyuntura como la inseguridad, y los problemas ambientales.
El Salvador necesita una visión compartida de país, por la cual trabajar los próximos años. Un plan general de gobierno donde se definan las apuestas estratégicas y los objetivos del quinquenio. Que permitan resolver los problemas estructurales de la nación.
La corrupción, el nepotismo, las negociaciones de políticos con grupos delincuenciales debe perseguirse sin descanso, pero más tiempo y energías se deben de invertir para solucionar los problemas estructurales del país.
Mientras tanto, el Órgano Legislativo debe aprobar la ley de reconciliación nacional, donde se conozca la verdad, se haga justicia y la reparación moral y material de las víctimas. En segundo lugar, se debe cambiar el sistema previsional para asegurar una pensión digna a los trabajadores. Y finalmente, deben aprobar una ley de aguas que garantice el servicio del vital líquido para toda la población. Son tres asuntos a los que deben dar respuesta en el tiempo más corto posible.