Irma Julia García de Leonor, tenía 44 años de edad y era una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) quien la noche del 19 de diciembre de 2017, se suicidó al interior de su vivienda ubicada en la colonia La Gloria, del cantón Primavera, en el municipio de Santa Ana.


En las indagaciones preliminares, la hipótesis era que el crimen había sido perpetrado por pandilleros de la zona, puesto que ella había sido amenazada y había denunciado; sin embargo, la hipótesis fue descartada por la forma en que encontraron su cuerpo. Con un solo disparo en la cabeza.


Las autoridades dedujeron que García de Leonor se quitó la vida con la misma arma de equipo y por el hecho, el 27 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) capturó a su esposo, el inspector policial Héctor Danilo Leonor García, ONI E882, quien fue acusado del delito suicidio feminicida por inducción o ayuda, debido a que él habría ejercido violencia física, sexual y psicológica sobre Irma Julia García de Leonor. El caso se encuentra en fase de sentencia en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para la Mujer de occidente.


Irma Julia no pudo romper el círculo de violencia que la llevó a quitarse la vida, luego que su mismo esposo la denigrara en su calidad de mujer e inducirla al consumo del alcohol, según la fiscalía.


La coordinadora de la Dirección Nacional de la Mujer, niñez, adolescencia, LGBTI y grupos vulnerables de la FGR, Graciela Sagastume explicó que las mujeres que viven en ciclos de violencia sexual, física, económica o psicológica en cualquiera de los ámbitos familiares, laborales o domiciliares se suicidan por la falta de estabilidad emocional o fuerza para abandonar a su pareja por una dependencia emocional.


“Una expresión de violencia puede generar la toma de decisión de una muerte, de suicidarse, en mujeres y adolescentes”, asegura Sagastume.


Dentro de esa dinámica, detalla, “tal vez no sólo son golpes, tal vez no sólo maltratos verbales, también son humillaciones. La persona dice ‘ya no aguanto esta relación, pero no puedo dejarla (...) entonces, la medida más fácil, más viable para mí es matarme. Yo termino con mi sufrimiento, y lo dejo a él”, ejemplifica Sagastume sobre el artículo suicidio feminicida por inducción o ayuda.


La Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra la mujer (LEIV) en su artículo 48 establece que quien indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, ejerciendo los tipos o modalidades de violencia (económica, feminicida, física, patrimonial, sexual, simbólica, psicológica y emocional), será sancionado con prisión de cinco a siete años.



También pagarán con cárcel aquellos que se hayan aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra ésta o que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes o existentes entre él y la víctima.


La fiscal Sagastume indicó que en el país, normalmente sufrir un acoso laboral, maltratos por parte de la pareja, discriminaciones en el lugar de trabajo, abuso sexual o padecer menosprecios en sus círculos de padres a hijas, jefes a empleados o entre los cónyuges son las principales causas para que una mujer se quite la vida.


Para la representante del Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER), Ima Guirola, en el país se deben establecer procesos de empoderamiento y fortalecimiento emocional para que las mujeres conozcan cómo salir de los ciclos de violencia porque a las mujeres “el elemento que se llega a atacar es la reputación y su imagen”.


El informe anual “Hechos de violencia contra las mujeres en El Salvador 2018”, publicado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, documentó 14 casos de mujeres que se suicidaron por inducción o ayuda. De acuerdo a las autoridades no hay un patrón en féminas que deciden quitarse la vida.


En el proceso judicial, la Fiscalía comprueba este delito a través de una auptosia psicológica para conocer la historia de la mujer, análisis pericial del celular de la víctima y si la persona fue al psicólogo por violencia, se anexan los expedientes médicos para descartar o comprobar que sea una inducción.


La Fiscalía dice que estudia el circulo de la víctima, su familia, el trabajo, si hizo denuncias “se busca un motivo”, explica la fiscal Sagastume a este rotativo.