La pobreza depende de factores que escapan del control individual de cada persona y les impide salir de ella: falta de acceso a la educación, ausencia de servicios de salud pública, un mercado laboral basado en la precarización y salarios extremadamente bajos, una política fiscal injusta y regresiva, entre otros. Sin atender sus causas estructurales es imposible pensar que las personas podrán salir de condiciones de pobreza. Y resolver esas causas estructurales, no debería ser responsabilidad de cada persona; el Estado y sus instituciones deberían ser quienes respondan ante este desafío a través de las políticas públicas que nazcan de la planificación y no de la improvisación, que se diseñen con base a la garantía de derechos y que sean evaluadas y mejoradas.
Desde hace más de 30 años, cada 17 de octubre, está dedicado a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, por lo que seguramente escucharemos, otra vez, discursos políticos reconociendo este flagelo y su compromiso con erradicarlo. Ya hemos tenido suficientes discursos de este tipo, la lucha por erradicar la pobreza y garantizar los derechos de todas las personas requiere que los discursos pasen a las acciones, que las buenas intenciones se traduzcan en políticas públicas. Para ello es necesario que los y las funcionarias públicas y los liderazgos políticos sean capaces de responder: ¿Por qué si la educación es una de las principales armas para romper el círculo de la pobreza, el proyecto de presupuesto para 2020 apenas considera un incremento de 0.02 % del PIB? ¿Por qué se cuestiona la eficiencia de los programas sociales, pero no se cuestiona la eficiencia de los incentivos tributarios a las grandes empresas? ¿Por qué se hace caso a las ya gastadas recomendaciones de los organismos financieros internacionales de aumentar los impuestos indirectos, como el IVA, que solo impactaría a las personas con menos ingresos y aumentaría la pobreza? ¿Qué entidad pública asumirá los esfuerzos técnicos de la Seteplán de evaluar y monitorear políticas públicas, incluidas aquellas destinadas a combatir la pobreza? ¿El Gobierno actual impulsará una reforma fiscal progresiva? ¿El Legislativo aprobaría una reforma de esa naturaleza? La respuesta a estas preguntas demostrará un verdadero compromiso con la eliminación de la pobreza en nuestro país, mucho más que una fotografía o un discurso.