Durante semanas hemos estado escuchando a un grupo de alcaldes, encabezado por el jefe edilicio de San Salvador, Ernesto Muyshondt, reclamando por la forma que se ha distribuido la asignación de fondos para enfrentar parte de la emergencia por la pandemia y ahora también por las lluvias a causa de la tormenta tropical Amanda.

El centro de la discrepancia es que la Asamblea Legislativa decidió destinar esos fondos en base a la distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social para las Municipalidades (Fodes), el cual es entregado con base a criterios de cantidad poblacional pero también pobreza, equidad y extensión territorial.

Muyshondt y otros alcaldes argumentan que debe ser proporcional a la cantidad población de cada municipio y no por criterio de fondo Fodes como fue establecido. Además, que los fondos deben priorizar los municipios más afectados por la pandemia. En ese caso, San Salvador y varios municipios del área metropolitana quedan en desventaja a pesar que concentran más del 50 % de los casos de Covid-19 en el país y además, el mayor impacto en la actividad económica debido a la paralización impuesta por la cuarentena.

Más allá del pleito político y las desafortunadas expresiones subidas de tono, la Asamblea Legislativa debería reconsiderar técnicamente esta distribución y aplicar como base qué municipios son los más afectados por la pandemia.