Para nadie es secreto que la libertad de prensa es esencial para vivir en democracia. Gracias a ella podemos vigilar las acciones de nuestros políticos y determinar si están haciendo un buen trabajo o no. No obstante, para que esta exista, es primordial un elemento cuya función social pocos comprenden: la propiedad privada sobre los medios de producción.
Desde luego, para que un país pueda gozar de una prensa independiente, esta debe de poseer total control sobre sus recursos, es decir, estar libre de cualquier tipo de intervención estatal. De lo contrario, corre el riesgo de ser manipulada por los políticos, quienes, en el afán de proteger su imagen para seguir en el poder, son capaces de cualquier cosa para distorsionar la realidad a su favor.
Por ello, quien se considere defensor de la libertad de prensa y de su valioso aporte a la democracia, debe de reconocer primero a la propiedad privada como la fuente material de la misma. Y, en consecuencia, oponerse fervientemente a todas aquellas medidas orientadas a disminuir el control de los periodistas sobre sus herramientas de trabajo.
No hacerlo sería el equivalente a defender la tiranía por omisión, lo cual, a mi juicio, es tan condenable como abogar por la misma directamente. Bajo dicha lógica, oponerse al programa liberal -cuya demanda fundamental es el respeto a la propiedad privada- no es una opción. Quien se considere enemigo de este tipo de organización política es, en el fondo, también de quienes se dedican a la noble y difícil tarea de informarnos día a día sobre los acontecimientos más importantes a nivel nacional.
No se puede, en honor a la congruencia, sostener que los medios de comunicación deberían ser libres y al mismo tiempo apoyar ideologías que activamente minan lo cimientos que la hacen posible. Así pues, todas aquellas visiones políticas en donde prevalece el desdén a la propiedad privada sobre los medios de producción, deben ser consideras, de entrada, como liberticidas y anti democráticas.
Al poner en tela de juicio la autonomía de las personas sobre su propiedad, facilitan el camino para que aquellos que se sienten incómodos con el papel fiscalizador que ejercen los medios de comunicación en una democracia, pongan en marcha planes enfocados a reducir la esfera de protección que esta les brinda a los periodistas para silenciarlos y ocultar la verdad a la población. En otras palabras, siguiendo la línea de pensamiento ya trazada en los párrafos anteriores, el liberalismo es el único sistema político compatible con la libertad de prensa.
De hecho, es gracias al mismo el motivo por el cual hoy gozamos de medios de comunicación críticos como el que usted lee en estos momentos. Si no fuera por el resguardo filosófico que otorga a la propiedad privada, la cual dificulta la intromisión arbitraria de los políticos, las noticias que recibimos de manera constante sobre corrupción, nepotismo y negligencia en el gobierno, nunca llegarían a nuestros oídos. Por ende, se puede concluir que sin propiedad privada no hay libertad de prensa.