El Gobierno de El Salvador y la nueva Asamblea Legislativa recibió este lunes más mensajes de crítica y advertencias de organizaciones internacionales y de Estados Unidos, contra la destitución expedita de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general. Las advertencias, esta vez, podrían arriesgar la cooperación como el financiamiento que pueda tener El Salvador de organismos financieros multilaterales.
El problema señalado sigue siendo el irrespeto a la Constitución, a las leyes y a los procesos debidos que deben seguirse tanto para una destitución como para la elección de nuevos funcionarios públicos.
Congresistas piden revocar y gestionan para que FMI presione
Los senadores Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, y Patrick Leahy, presidente del Comité de Asignaciones del Senado, urgieron a los diputados salvadoreños que “revoquen de inmediato” la destitución y gestionan que el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicione a El Salvador.
“Instamos a la administración Biden que se comprometa a coordinar con el FMI y otras instituciones financieras para dejar claro que el apoyo financiero de los Estados Unidos hacia el gobierno de Bukele debe depender del respeto por la democracia, la independencia judicial y el imperio de la ley en el país”, anunciaron.
Los funcionarios estadounidenses califican la situación salvadoreña de abuso de poder antidemocrático y “emboscada autocrática profundamente preocupante”. Señala que viola el espíritu de la Carta Democrática Interamericana y la separación de poderes.
Una advertencia de la USAID
La portavoz interina de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Pooja Jhunjhunwala, también manifestó mucha preocupación por el voto para la destitución de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general. Lanza también una advertencia sobre la cooperación a El Salvador: la USAID “está lista para ayudar a una nación dispuesta a permanecer en el camino hacia la democracia”. Le detalla que este camino se logra con una “sociedad civil vibrante, una prensa libre, el respeto a los derechos humanos y la separación de poderes”.
ONU, CIDH, UE, Canadá
A raíz de la decisíon de la Asamblea Legislativa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para El Salvador para monitorear los derechos humanos.
La Unión Europea (UE), por su parte, aseguró que la decisión de la Asamblea de El Salvador socavó el Estado de Derecho y la separación de poderes en el país. La UE espera que los derechos humanos y la integridad de los magistrados sean garantizados en el ejercicio de sus funciones.
El Gobierno de Canadá expresó que está “profundamente preocupado por El Salvador”, dejando claro que la separación de poderes son piedras angulares de cualquier democracia.
El Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) manifestó que la Asamblea Legislativa violó los artículos 85, 172, inciso tercero de la Constitución y los principios de la Carta Democrática Interamericana sobre división de poderes y respeto al Estado de derecho. IDEA opina que se debe aplicar el artículo 20 para analizar “la grave alteración constitucional” de El Salvador.