Los presidentes de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Paraguay lanzaron ayer en Santiago de Chile: Prosur, un nuevo bloque regional que pretende remplazar a Unasur, y del que está excluido Venezuela, en la mira de los gobiernos conservadores que sustentan esta iniciativa.
La declaración final fue firmada por los siete mandatarios que asistieron a la cumbre, más un representante de Guyana, Uruguay y Bolivia, que enviaron a representantes a la cita, pero no la suscribieron.
El organismo será “un lugar de encuentro y de diálogo, abierto a todos los países de América del Sur y sin ideologías”, agregó el mandatario chileno, Sebastián Piñera, junto a su homólogo colombiano Iván Duque, del nuevo bloque, que nace bajo el alero de la ola conservadora que ha sacudido a la región y que pretende reemplazar a la agónica Unasur, nacida hace una década en pleno auge de los gobiernos de izquierda.
Dentro de los requisitos “esenciales” para participar están la plena vigencia de la democracia, la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos, lo que excluye a Venezuela, cuyo gobierno con Nicolás Maduro al frente ha sido declarado ilegítimo por los firmantes.
MÁS SANCIONES DE EE.UU.
Además del aislamiento político que llegará con el Prosur, EE.UU. sancionó ayer al Bandes, el banco de desarrollo venezolano, y a sus subsidiarias en Bolivia y Uruguay en respuesta al arresto “ilegal” del jefe de despacho de Juan Guaidó.
“Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aludiendo al jefe de despacho de Guaidó, arrestado la madrugada del jueves en Caracas tras allanamientos a su residencia por agentes de inteligencia del gobierno de Maduro, y cuyo paradero sigue siendo desconocido.
El presidente Donald Trump está decidido a impedir que “Maduro y su régimen sigan robando los recursos y la riqueza de Venezuela para su beneficio personal”, dijo por su parte la Casa Blanca, señalando que esta decisión busca evitar que Caracas evada las sanciones económicas estadounidenses moviendo dinero fuera del país.
El gobierno venezolano calificó por su parte las sanciones como “medidas unilaterales, coercitivas, arbitrarias e ilegales”.