El Eclesiastés dice que “Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”. Si la maravillosa inteligencia humana nos otorga la capacidad para corregir aquello en lo que nos equivocamos - y que aún puede enmendarse - es tiempo de rectificar las cosas que históricamente hemos venido haciendo mal.

Los recientes resultados electorales reflejaron el hartazgo ciudadano por las prácticas irregulares en la función pública. A menos de tres meses para que asuma el nuevo presidente electo, las expectativas son muchas; igualmente mucho es el riesgo de ser nuevamente decepcionados, como en las gestiones de los dos ex presidentes más descaradamente corruptos que ha tenido el país: el último de ARENA y el primero del FMLN.

Infortunadamente, pareciera que en el sector público siguen reeditándose las rancias y corruptas prácticas del pasado, en el que el Estado aparece como el apetecible botín en el que muchos buscan perpetuarse, soslayando que los altos cargos públicos son circunstanciales y temporales, por tanto, deberían ser honorable y efectivamente desempeñados en provecho de los bien entendidos intereses de país.

Fuentes confiables señalan que en el ambiente gubernamental “se ha acelerado en los últimos días, la aprobación de sindicatos en instituciones de gobierno donde nunca habían existido”. (DEM/ 18-FEB-2019). Buscar proteger los empleados públicos partidarios sería el propósito.

Las denuncias del presidente electo de que hay “Vice ministros pasándose a régimen de salarios, subsecretarios pasándose a técnicos, jefes cambiando de nombre sus cargos, licitaciones a último momento, contrataciones evidentemente amañadas” alarman. “Nunca en mi vida había visto tanta corrupción sistematizada, acelerada y descarada…Toda mi vida estuve seguro que ARENA era más corrupta que el FMLN” (Nayib Bukele, Twitter 24-FEB-2019).

La percepción del señor Bukele encaja perfectamente con lo practicado en gestiones presidenciales, legislativas y municipales anteriores. Además, va a tono con percepciones igualmente importantes de otros actores: 1o) Para Estados Unidos, por ejemplo, lo que existe en El Salvador es una “corrupción endémica y sistematizada” (Embajadora Jean Manes, DEM 17-08-2019). Ella “duda que el país sea un socio contra la corrupción” (DEM/01-09-2018). 2º) El país reprobó en el 2017 - por primera vez desde 1996 - el indicador de control de la corrupción, que analiza cada año la “Corporación Reto del Milenio” (MCC). 3º) La Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EUROLAT) ha exigido combatir en El Salvador los flagelos de la impunidad y la corrupción. (DEM/20-09-2017). 4º) La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) cree que existe “debilidad en el trabajo de atención y procesamiento de la denuncia ciudadana ante posibles actos de corrupción de funcionarios públicos” (DEM/ 28-09-2017) y 5º) Un grupo de legisladores (demócratas y republicanos) pidieron a Honduras, Guatemala y El Salvador, apoyar públicamente los esfuerzos contra la corrupción, respetar la independencia del poder judicial y fiscalías generales y asegurarles - a éstas últimas- suficiente asignación presupuestaria (DEM/ 18-FEB-2017).

Si bien los retos para el nuevo jefe del Órgano Ejecutivo en materia de combate contra la corrupción son relevantes, existen dos hechos absolutamente contradictorios respecto a las recientes denuncias del presidente electo. Primero su vehículo electoral (el partido GANA) al igual que el minimizado FMLN, nunca mostraron voluntad de firmar el “Acuerdo de país contra la Corrupción” promovido en enero pasado por 16 universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el respaldo de miles de firmas de ciudadanos. Segundo, para el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, “El combate a la corrupción no es prioridad en la CSJ” (DEM/09-JUL-2018).

La corrupción política, el nepotismo, el amiguismo, el compadrazgo, el tráfico de influencias y la compra de voluntades legislativas deben terminar. El Presidente electo debe saber que si bien será una lucha larga, es el tiempo de rectificar tantas irregularidades en las instituciones del Ejecutivo, sin que eso signifique que las acciones a emprender serán autoritarias o ilegales.