Directores o representantes de Transparencia Internacional (TI) de países latinoamericanos participaron hoy en una conferencia de prensa sobre los Riesgos de corrupción en contrataciones públicas durante la epidemia COVID-19.
Roberto Rubio, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), señaló en la conferencia virtual que en El Salvador se está tratando de establecer “un esquema autoritario” a través del pánico. Según su análisis este escenario relaja el resto de controles y “los riesgos son altísimos”.
El representante de TI de México, Eduardo Bohórquez, aseguró que ya existen las primeras señales de sobreprecio y de compras que no respetan los protocolos de seguridad. “Hemos visto silencios de muchos órganos de fiscalización”, expresó.
Para fomentar la transparencia, el director de la Fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, sugirió “que todas las compras de emergencia sean publicadas en un sitio específico” y comentó que es necesario generar herramientas de transparencia en situaciones de emergencia ya que las herramientas tradicionales han sido trastocadas en algunos países. Mencionó que los plazos de entrega de información pública no se están cumpliendo.
Hay que evitar los monopolios en los productos farmacéuticos, dijo, por su parte, Carlos Pimentel, de República Dominicana. Aseguró que TI está pidiendo la democratización del acceso a las pruebas del COVID-19 y explicaciones sobre por qué solo dos laboratorios de su país están haciendo las pruebas y por qué son tan costosas.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa reformó el decreto 593 del Estado de emergencia nacional, calamidad pública y desastre natural para permitir al Ejecutivo realizar compras directas relacionadas a la pandemia del COVID-19. En el decreto, se obliga al Gobierno presentar un informe detallado con montos y proveedores cada 30 días a la Asamblea Legislativa, y no se exime auditar a la Corte de Cuentas.
La Corte de Cuentas de la República y la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) han manifestado que darán seguimiento a las compras para garantizar la transparencia en el gasto.