Este derecho a participar mediante la contraloría ciudadana en los asuntos públicos se ha visto interrumpido desde hace dos meses. La suspensión de plazos judiciales y administrativos ha alcanzado a las oficinas de información y al Instituto de Acceso a Información Pública, que es el ente rector en la materia.
La imposibilidad de tramitar las demandas de información de la ciudadanía y la creciente preocupación por el buen uso del presupuesto extraordinario que se ha puesto a disposición de las autoridades del Gobierno, hacen del acceso a información una necesidad tan imperiosa como las medidas sanitarias vigentes.
Solo la transparencia mantendrá viva la democracia, pues sólo esta facilitará un mayor grado de confianza y colaboración ciudadana, bajo la certeza de que las autoridades cuidarán de la salud pública haciendo un uso racional de los recursos confiados. Lo contrario sería sucumbir a la peste de la opacidad y a los riesgos de la corrupción, como ya se está viendo en otros países.