Mientras que el mandatario fue puesto por el Congreso en el centro de una investigación de juicio político por intentar supuestamente obtener la ayuda de su homólogo ucraniano para debilitar a su rival político Joe Biden, tres jueces tomaron decisiones que complican sus planes para endurecer las políticas de inmigración del Gobierno, informó ayer La Opinión de Los Ángeles.
Los reveses judiciales llegaron el mismo día, el viernes 27 de septiembre, procedentes de tres cortes diferentes: dos en California y una en el Distrito de Columbia.
En el primer caso, la magistrada Dolly Gee, de la Corte de Los Ángeles, California, rechazó la solicitud de la administración Trump para detener a niños y familias migrantes por un tiempo indefinido.
El Gobierno pretendía poner fin al acuerdo Flores, que rige las condiciones de detención de los niños inmigrantes, incluido cuánto tiempo pueden permanecer bajo custodia. Para justificar su posición, sostuvo que el acuerdo, de 1997, debería terminarse, ya que las autoridades han emitido nuevas reglas para las condiciones de detención de los niños.
La jueza estableció que el pedido viola el mismo acuerdo judicial que el Gobierno intenta desechar. Y aseguró que no se sentía preparada para aceptarlo, por lo que lo bloqueó temporalmente, a la espera de una decisión final.
El mismo día, el juez federal del Distrito Central de California, Andre Birotte, emitió una orden permanente que le complica la vida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la hora de detener a migrantes.
El magistrado prohibió a ICE depender únicamente de bases de datos para enviar solicitudes que piden a las agencias policiales mantener bajo custodia a inmigrantes detenidos hasta dos días más de lo que harían normalmente. El propósito de la agencia federal es tener más tiempo para evaluar si deporta a esas personas.
Birotte consideró que esas bases de datos muchas veces contienen “datos incompletos y errores significativos” o “no están diseñados” para proporcionar la información suficiente para determinar si hay que deportar una persona.
La última de las tres decisiones judiciales, dirigidas contra políticas que la administración del presidente quiso aprovechar, llegó de la mano de la jueza del distrito de Columbia, Ketanji Brown Jackson, quien bloqueó un plan de la administración Trump, para ampliar el uso de un proceso que acelera la deportación de inmigrantes indocumentados sin la participación de los tribunales de inmigración, según reportan distintos medios.
El procedimiento de “expulsión acelerada” se estuvo utilizando para devolver rápidamente a México a migrantes que fueran atrapados en territorio de EE.UU. dentro de un área de 160 kilómetros del límite marcado por la frontera sur y que la hubieran cruzado unas dos semanas antes de ser detenidos.