La Oficina del Censo de EE.UU. está recabando información sobre los beneficiarios de ayudas públicas, y ha requerido además datos sobre licencias de manejar que generalmente incluyen el estatus migratorio del conductor, señaló la cadena Telemundo.

Estas acciones preocupan gravemente a activistas a favor de los derechos de los migrantes, toda vez que el Censo intentó anteriormente incluir una pregunta para identificar a quienes no son ciudadanos estadounidenses.

Una decisión de la Corte Suprema se lo impidió, pero el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Comercio (de quien depende el Censo) que siguiera intentando conseguir esa información por otros medios, pese a que activistas en defensa de los derechos sociales denunciaron que eso podría dañar la propia fiabilidad del Censo.

Por temor a ser identificados y sufrir represalias del Gobierno, los migrantes podrían negarse a contestar la encuesta del Censo prevista en 2020 (se hace cada 10 años), lo que dibujaría un retrato inexacto de la población estadounidense. El Censo sirve, entre otras cosas, para decidir el número de representantes de los estados en el Congreso, o el reparto estatal de ayudas federales.

La Asociación estadounidense de Administradores de Vehículos de Motor aseguró que la mayoría de Estados, si no todos, han recibido peticiones de información que incluye la raza, edad, domicilio y estatus de ciudadanía (si tienen la nacionalidad o no) de los usuarios.

Cada estado decidirá si responder o no a esta petición. Illinois, por ejemplo, ya se ha negado; Florida todavía no ha respondido.

Que el Censo se interese no sólo por el estatus migratorio de los estadounidenses a través de la información de las licencias de manejo, sino además sobre quiénes son beneficiarios de ayudas públicas, puede ser doblemente preocupante, toda vez que el Gobierno pretende negar el visado o la residencia permanente a los extranjeros que puedan necesitar de subsidios médicos, escolares, etcétera.

Un tribunal federal bloqueó temporalmente el pasado viernes esta medida, que podría reducir hasta dos tercios la llegada legal de migrantes al país.

El Censo pretende conseguir esta información de los gobiernos estatales, supuestamente para “mejorar la eficacia y fiabilidad” de su información. Los Estados ya comparten con el Censo algunos registros (como los sellos de comida, por ejemplo) para poner bajo el radar a los colectivos más reacios a responder a la encuesta (por ejemplo, los migrantes indocumentados).