Mientras no se dieron los hechos del 9 de febrero, que muy bien se pueden calificar como de destape político, parecía que la gestión gubernamental que arrancó el 1 de junio de 2019 se caracterizaría por la verborrea estridente y el expediente de la amenaza. Dos látigos que alimentan los bajos instintos en la política y en la vida diaria.

Pero sucedió lo impensable el domingo 9 de febrero: el jinete, que iba sobre el caballo ganador, de pronto amparado a saber en qué análisis de la situación, decidió que el caballo que lo transportaba era muy lento, o muy torpe, o muy guango y en un arrebato de cólera, lo azotó con virulencia. El caballo, claro, se asustó por el injustificado castigo, se detuvo en seco y decidió echarse en medio de la pista. El jinete aturdido o confundido por el exabrupto punitivo infligido a su caballo por propia mano, se bajó. Quizás a reflexionar, quizás a urdir nuevos planes. No se sabe. Lo cierto es que esa carrera, con ese caballo, en ese carril, se terminó, y ahora el jinete está obligado a inventarse otra cosa.

En realidad, ya no importa establecer lo que se pretendía al asaltar la Asamblea Legislativa ni los argumentos esgrimidos para tal tentativa, porque esa acción desopilante resultó un chasco, un engarrotado gesto impreciso que ni asusta ni causa adhesiones populares. Pero que sí muestra sin maquillaje reales propósitos políticos.

Las dos concentraciones en torno a la Asamblea Legislativa, la del fatídico 9 de febrero y la del 16 de febrero (el siguiente domingo), y sobre todo esta última, dejan al descubierto lo esquelético, por ahora, de la convocatoria de masas con que cuenta el contingente político que gerencia el aparato gubernamental. Porque una cosa es activar votantes, ‘torpedear’ sus mentes con procedimientos de ‘marketing’ electoral, y otra muy distinta es organizar y movilizar a amplios segmentos sociales en pos de objetivos políticos explícitos, y en este caso del 9 de febrero, desenfocados.

La narrativa que ha querido construirse después de esos acontecimientos ha apelado a la distorsión de los hechos tal y como ocurrieron. Admitir de manera pública el yerro, la pifia, tenía un costo político elevado. Se ha preferido el contar otro cuento…

Las respuestas de la institucionalidad del Estado han sido diversas.

La inmediata respuesta de la Sala de lo Constitucional (que aún no ha dado una sentencia, pero sí medidas cautelares) sin duda que fue oportuna y trazó líneas rojas que aquietaron un poco las aguas, a pesar de que la verborrea estridente continuó.

La Asamblea Legislativa no podía menos que conformar la comisión para investigar por su cuenta.

Pero ha sido la Fiscalía General de la República la que ha cojeado, al mostrarse lerda, ambigua e irresoluta, como si lo ocurrido no ameritase una intervención clara y contundente.

¿Es para tanto la reacción frente al amague autoritario del 9 de febrero? La respuesta expedita es que sí.

Se mostraron las claras intenciones que se persiguen en materia política: vulnerar la vida en democracia y amordazar todo tipo de oposición, comenzando por la de los partidos políticos con representación legislativa, aún, significativa. Lo del préstamo de los $109 millones, fue solo un pretexto propicio.

Haber movilizado a la Fuerza Armada en este desaguisado ha sido un despropósito que no dejará de traer repercusiones importantes. Si algo se preservó, y hay que continuar haciéndolo, después del fin de la guerra, es el hecho de que la Fuerza Armada debe estar fuera y lejos de toda deliberación política. El juramento de lealtad al que apeló el contralmirante no solo es impropio para una democracia, sino que, de remate, es el que inauguró Maximiliano Hernández Martínez, en la década de 1930. En esto, de blindar nuestra vida política frente a todo militarismo, por suerte, diversos y disímiles segmentos de la sociedad salvadoreña están de acuerdo.

¿Qué pasó entonces? Pues se rompió la magia. Por mucho que se intente edulcorar la cuestión o que se pretenda contar otra cosa, ya nada será igual. Y es que además, han aparecido otros filones de índole financiera, en paralelo, que parecieran describir el movimiento, en tiempo real, de la fuerza política que hoy por hoy está al frente del Ejecutivo.

Es un cuadro complejo y explosivo, que solo la reciente declaración de emergencia sanitaria, todo indica, pondrá entre paréntesis, si es que no se contamina de manipulación política y solo se trabaja con sentido humanitario.