Los usureros que otorgan créditos a los pequeños empresarios cobran una tasa de interés promedio de hasta 2,628 % anual, reveló un estudio realizado por el Centro de Investigación de Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS), de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

El estudio, presentado este viernes al sector financiero, se realizó con una muestra de 1,285 empresarios de mercados locales, pequeños comercios, tiendas y vendedores ambulantes, distribuidos entre San Salvador, Santa Ana, La Libertad, Sonsonate y San Miguel.

Mario López, técnico del centro de investigación, detalló que por cada préstamo de $100 se cobran $35 en interés, pero “el problema grave” es que las personas solicitan hasta 30 veces el mismo crédito en un año, pagando así 2,359 % de interés anual.

“Esa recurrencia en el crédito es lo que genera alto interés porque la vida de la gran mayoría está al límite, es una vida caótica y del día a día, entonces requieren estar financiado sus proyectos”, manifestó el experto.

La investigación determinó que el 98 % de los empresarios del sector informal solicita créditos a usureros por montos menores a $1,000.

La mayoría lo hace para fines productivos, en tanto que un 75 % destina este financiamiento para compra de mercadería para venta y un 40 % lo invierte en ampliación de negocio.

El experto explicó que la propuesta comercial del usurero es “entregar el dinero rápido y sin requisitos”, sin embargo un 96 % de los encuestados aseguró que debe pagar cada día por cuestiones de seguridad física.

“La investigación pudo constatar que (…) ahora es el crimen organizado el que está metido en una muy buena parte en este tipo de prácticas. El crimen organizado está obteniendo, en alguna medida, tasas de interés de 2,659 %, yéndose ese dinero a fomentar diferentes actividades delictivas”, manifestó López.

El estudio también encontró que la tramitología excluye a los pequeños empresarios o emprendedores del sistema financiero formal, empujándolos a recurrir a prestamistas informales.

Es un tema multidimensional, explicó el experto, ya que afecta hasta las finanzas pública del El Salvador. En esencia a la banca formal “no se le hace daño” porque se adapta a las condiciones de mercado, sin embargo es necesario que la regulación bancaria disminuya y flexibilice los requisitos, sumó.