La nación fue sometida a una de las cuarentenas más prolongadas y desiguales del mundo, castigando severamente a los más pobres, confrontándose artificial e insensatamente la protección de la salud y los derechos económicos, cuando en la realidad resultan inseparables; paralizó funciones gubernamentales y cerró -sin soporte técnico- la mayor parte de la actividad económica, comercial, productiva y de servicios, incluido el transporte público. Erradas y absurdas decisiones llevaron al colapso de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que padecen las peores pérdidas, condenando al desempleo y a mayor pobreza a centenares de miles de hogares.
En noventa días de crisis, el país rompió récord por la imposición de un confuso entramado de regulaciones sobre la pandemia, todas violatorias de derechos humanos y constitucionales. Este aparente desatino corresponde a un calculado “río revuelto” gubernamental, que en esencia esconde el oscuro e incontrolado gasto de centenares de millones de dólares en compras y contratos de dudosa ejecución y verificación, amparados en la emergencia.
El presidente Bukele se abalanzó contra la legislatura, aun cuando recibió la aprobación, sin precedentes, sobre más de 3600 millones de dólares para enfrentar la crisis. Actualmente el gobierno enfrenta dificultades para colocar y materializar esos recursos debido a la desconfianza ante su incapacidad de construir consensos y acuerdos de nación, habiendo roto puentes de entendimiento interinstitucional, sin antes haberlos atravesado. En el descrédito además pesa su endémica falta de planes de trabajo y ausencia de controles e indicadores que demuestren el alcance e impacto social de los recursos.
Las decisiones presidenciales sobre la crisis nunca se apoyaron en médicos especialistas, epidemiólogos, salubristas públicos, prevaleció el interés político y mediático del mandatario a través de oscuros “asesores” venezolanos que manipulan la distribución y procesamiento de pruebas clínicas para detectar nuevos contagios. El carácter militar y represivo de sus acciones esta enfilado al cálculo de los tiempos de su campaña electoral adelantada, a su frenética y desmedida ambición de acaparar más poder y al enfermizo enfrentamiento y descalificación del resto de órganos de estado, sin ponderar las consecuencias por debilitar la institucionalidad del país.
El presidente Bukele es el capitán de un destartalado Titanic sin brújula y rumbo, que zarpó hace un año y se extravió en la ruta, hoy está a la deriva, con algunos motores fundidos, calamitosamente desorientado ante el vendaval del Covid-19 y con los graves problemas ocasionados por la Tormenta Tropical Amanda por falta de actualización de planes ante la vulnerabilidad. A este escenario se suma el remolino de una recesión económica por equivocadas medidas en el manejo de la cuarentena, un inminente conflicto social debido al desmantelamiento de los programas, el cuestionamiento ético por falta de transparencia en el manejo de recursos, la pérdida de credibilidad por el incumplimiento de promesas como el súper hospital de CIFCO, y más recientemente el grave señalamiento de mentiroso efectuado por la Sala de lo Constitucional. Arrinconado ante su excesivo centralismo y por sus demonios mentales, con un gabinete incompetente al que la arrogancia de su irascible estilo se ocupó de castrar, no queda más que el enfrentamiento visceral frente a sus “enemigos”: todos los que muestran alguna diferencia con él y su gobierno.
Son graves los señalamientos hechos por el presidente Bukele contra otras instituciones de Estado, pretendiendo comprometer la independencia de la Sala de lo Constitucional, al Fiscal General, líderes políticos, y a un embajador, por lo que esto obliga al presidente, por transparencia y responsabilidad, a hacer públicos los audios y videos que asegura tener en su poder, sin que pueda alegarse para su reserva la seguridad nacional. Además, se debe conocer y esclarecer, el involucramiento en asuntos internos que el presidente hace al embajador de los EEUU, aun cuando el mismo embajador, la Sala y el Fiscal han desmentido al presidente. Toda mentira tiene, tarde o temprano, consecuencias; él bien lo sabe.