Una burla, una infamia, una ley asquerosa, una prescripción de delitos de facto, así tildó el presidente de la República, Nayib Bukele, la ley de reconciliación aprobada el miércoles pasado, al anunciar que ya la vetó.

La Ley especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional aprobada en una sesión extraordinaria por diputados de Arena, PCN y PDC permite a la Fiscalía que archive los casos de los cuales no encuentre indicios en 12 meses.

La normativa crea un fondo de $10 millones para la reparación de víctimas y, aunque no aprueba por ley una disminución de penas, permite a los jueces que estas sean rebajadas hasta una cuarta parte y abre la puerta a una conmutación de penas.

Sin embargo, el mandatario prevé que esta ley es ley muerta, ya que solo se podría revivir si el FMLN se une al resto de partidos políticos para superar el veto.

Para superar el veto, según el Presidente, el FMLN tendría que “quitarse la máscara”, en referencia a que este partido político está a favor de una ley de reconciliación blanda aunque no haya votado por la misma.

Como los diputados no superarían el veto, la Asamblea Legislativa, dijo Bukele, entraría en desacato.

 

Acusa

Bukele se refirió a las personas que tienen interés en la ley de reconciliación como la aprobada.

Mencionó sin nombrarlos a “diputados” que “temen por ellos mismos”; también a “patrocinadores” de Arena y solo mencionó al “secretario general del FMLN”, cargo que actualmente ocupa Óscar Ortiz como posible afectado.

“El secretario general del FMLN está acusado de crímenes de lesa humanidad, hay otros comandantes con mucho poder que están acusados de crímenes de lesa humanidad”, expresó.

Con esta ley, cree que la Fiscalía investigaría solo casos “de los de abajo” y no en donde los acusados sean alto mando.

Una de las objeciones presidenciales es que la normativa deja al Estado la responsabilidad de la indemnización a las víctimas. Él interpreta esto como un pago a responsabilidad de las futuras generaciones, ya que los recursos del Estado –que se alimenta a través de los impuestos– ya están asignados.

La ley de reconciliación fue aprobada el pasado miércoles en una sesión extraordinaria convocada a través de Twitter por el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. El FMLN no votó en contra. Bukele dijo que ello le acarreará costo político electoral a dicho partido.