En total, hubo 65, 678 inscripciones prenatales de niñas y adolescentes de 10 a 19 años entre 2015 y 2017. / DEM


Diseñar una política de salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos precoces es una necesidad importante para el país, asegura el viceministro de Educación, Francisco Castaneda, quien considera que la política debería contar con la participación de diferentes instituciones que promueven los derechos de los niños y adolescentes.

El pasado 30 de abril, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) presentó el Mapa de embarazos de niñas y adolescentes 2015- 2017, mismo que revela un aumento de embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años en la zona occidental, principalmente, en el departamento de Sonsonate. El estudio señala que a nivel nacional hubo 19, 190 niñas y adolescentes embarazadas.

“Si nosotros no diseñamos una política integral de salud sexual reproductiva, que prevenga los embarazos precoces o prematuros, esa niña está propensa a un segundo embarazo y eso es más delicado”, dice Castaneda.

Según el funcionario, la política debe estar unificada con los aportes del Ministerio de Salud (Minsal), el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y la red que promueve los derechos de los niños y adolescentes en el país.

“Nosotros tenemos una política integral desde el ámbito de educación, pero a mi juicio debería ser una política más ampliada…Una política única donde también haya evidencia científica de las universidades, los aportes de la academia son bien importantes y no debemos de ver este fenómeno como única responsabilidad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt)”, señala.

De acuerdo con datos del Mineducyt, entre 2015 y 2016 hubo cerca de 4, 500 niñas y adolescentes embarazadas, mientras que entre 2017 y 2018 fueron aproximadamente 3, 000.

Según el mapa elaborado por UNFPA, en 2017 fueron 19, 190 niñas y adolescentes embarazadas, entre 10 y 19 años, y el impacto económico que representa para el país es de $352, 274, 312. 49, monto que El Salvador recuperará después de 40 años de vida productiva de estas niñas y adolescentes.

El documento también contempla que el Minsal registró 65, 678 inscripciones prenatales de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años en 2017.

Para Castaneda, es necesario valorar diferentes factores como las poblaciones escolares en cada departamento y destaca desde el Mineducyt “se trabaja en la política de prevención y cultura de paz, que no solo incluye el tema de violencia, sino también de salud sexual reproductiva y el riesgo tanto para las señoritas como para los jovencitos, que no están preparados emocional ni sicológicamente para ser padres y eso puede llevarlos, incluso, a abandonar el sistema educativo”.