Mucho se habla sobre lo sucedido en el 2020 y de los desafíos que plantea el 2021, desde diversos ámbitos y matices en esta nuestra complicada realidad. Se analiza lo económico, lo laboral, la educación, la salud, la justicia, la seguridad, lo medioambiental, la emigración, el ejercicio periodístico, la corrupción… Pero poco se habla sobre la situación de las víctimas en esos escenarios, quizás porque en conjunto son demasiadas y porque ‒seguramente‒ a los poderes no les conviene mencionarlas pues saben que al tomar conciencia de esa condición pueden despertar, indignarse y luchar para defender sus derechos.

Opinión

Víctimas demandantes El espejismo electoral del próximo febrero, pronto se desvanecerá; pero la abismal desigualdad y la consecuente injusticia, ni farsas ni alucinaciones, seguirán.

Benjamín Cuéllar / Defensor de Derechos Humanos @sahernandeza

viernes 8, enero 2021 • 12:00 am

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Mucho se habla sobre lo sucedido en el 2020 y de los desafíos que plantea el 2021, desde diversos ámbitos y matices en esta nuestra complicada realidad. Se analiza lo económico, lo laboral, la educación, la salud, la justicia, la seguridad, lo medioambiental, la emigración, el ejercicio periodístico, la corrupción… Pero poco se habla sobre la situación de las víctimas en esos escenarios, quizás porque en conjunto son demasiadas y porque ‒seguramente‒ a los poderes no les conviene mencionarlas pues saben que al tomar conciencia de esa condición pueden despertar, indignarse y luchar para defender sus derechos.

Para Víctimas Demandantes (VIDAS), apenas con un año de existencia, eso último es su esencia: el esfuerzo por vencer la impunidad que ha protegido a los responsables de las atrocidades ocurridas en el país antes de la guerra y durante esta. Desde esa razón de ser, VIDAS hace un conciso balance de lo ocurrido a lo largo del 2020 y plantea un gran desafío para el 2021.

Destacan, en el primero, dos hechos relacionados con los órganos gubernamentales que convirtieron en guardianes de dicha impunidad. Como siempre, la Asamblea Legislativa (AL) siguió incumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional (SC) emitida el 13 de julio del 2016, mediante la cual expulsó del marco normativo interno la amnistía aprobada el 20 de marzo de 1993. Así, el 26 de febrero del 2020 decretó la llamada Ley Especial de justicia transicional, reparación y reconciliación nacional que el Nayib Bukele vetó inmediatamente por inconstitucional.

Luego, ni la AL superó ese veto o aprobó una nueva ley acorde a los estándares establecidos en la mencionada sentencia ni el titular del Ejecutivo, pudiendo hacerlo, propuso algo. Entonces, la SC sí convocó a una audiencia de seguimiento para conocer el “acatamiento” de su mandato. Como lamentablemente sabíamos, el presidente de la AL ‒Mario Ponce‒ así como los representantes militares y civiles de Bukele no pudieron ni informar sobre cumplimientos reales ni salir avante ante los cuestionamientos de los magistrados.

El segundo episodio que marcó el desprecio hacia las víctimas de la barbarie ocurrida en el país desde 1970 hasta 1992 tuvo lugar cuando Bukele, prepotente y petulante, calificó de “farsa” la guerra y los acuerdos que la pararon. Aseguró eso en el cantón El Mozote, al que llamó “municipio”; lo hizo como parte de su afán electorero de echarle lodo a dos de los partidos que incluye entre “los mismos de siempre”. ¿Merecen recriminarse? ¡Sí! Deshonraron su palabra incumpliendo lo que pactaron para construir un mejor El Salvador desde que arrancó el afamado “proceso de paz”; así, fortalecidas la impunidad con la amnistía y la inequidad con el desmontaje del Foro de Concertación Económica y Social, las muertes violenta y lenta continuaran paseándose por en el territorio nacional.

Pero todo tiene su tiempo y lugar. Llegar Bukele a El Mozote para afirmar eso a unos días de haberse conmemorado el 39 aniversario de la masacre, se suma a su nula colaboración con el juez Jorge Guzmán que batalla por esclarecer los hechos e impartir justicia. En ese cantón y en todo el país, la gente sufrió tres guerras ocurridas durante más de dos décadas: la “sucia” estatal, la “de guerrillas” y la que libraron los ejércitos insurgente y gubernamental. Entre todas produjeron una enorme cantidad de víctimas directas e indirectas.


Por esas víctimas y por las de la posguerra ‒fruto de las muertes referidas‒ debemos descubrir el gran desafío y comprometernos a hacer lo que este nos plantea. Ya pasaron por los órganos de Gobierno merolicos y palabreros, falsos profetas y mesías… Es tiempo, pues, de generar una fuerza social en este dolido país que multiplica y seguirá multiplicando víctimas si no lo hacemos. El espejismo electoral del próximo febrero, pronto se desvanecerá; pero la abismal desigualdad y la consecuente injusticia, ni farsas ni alucinaciones, seguirán.

Las víctimas de las tres guerras citadas, estén dentro o fuera de El Salvador, deben unirse sin importar el bando responsable de sus sufrimientos; las de la sangrienta y hambrienta posguerra, también. Solo cuando como bloque monolítico demandemos el respeto de nuestros derechos con fuerza, organizada y decididamente, podremos cantar la victoria de la justicia en todo su esplendor.