El estudio señala que los más de $4,000 millones antes mencionados representan el 16 % del Producto Interno Bruto (PIB) que se reportó hace dos años y son equivalentes a casi la totalidad de las remesas familiares o de los ingresos tributarios que el país recibe. Con este dinero, El Salvador podría pagar dos veces su factura petrolera y con solo un 45 % de él, sería capaz de cubrir el presupuesto asignado a las áreas de salud, educación y obras públicas.
“La investigación que vamos a dar a conocer viene a confirmar que estas restricciones en lugar de ir disminuyendo su impacto en las decisiones de inversión y en el crecimiento económico de largo plazo se han ido incrementando”, dijo el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera.
El funcionario recordó que el precedente de este estudio se encuentra en un análisis que se realizó en el marco del Asocio para el Crecimiento en 2011, donde se calculó que los costos de la violencia e inseguridad representaban un 11 % del PIB, es decir, unos $2,800 millones. A diferencia de entonces, Redibacen incorporó nuevos elementos de análisis con información de diversas fuentes por lo que definió cinco grandes rubros en los que la violencia impacta a la economía local.
Luego de analizar la información, los autores del estudio concluyeron que el mayor impacto proviene del pago de extorsiones y los robos que sufren los ciudadanos y las empresas, con $1,303.5 millones (ver nota secundaria). En segundo lugar, el costo generado por producción que no se obtuvo e inversiones que no se ejecutaron representan un 4.8 % del PIB, con $1,170.1 millones y $28.7 millones, respectivamente.
Los costos de la atención médica a personas víctimas de la violencia se ubican en tercer lugar con $19.5 millones por costos médico hospitalarios, $704.5 millones destinados a la atención por daños emocionales y psicológicos y $43.6 millones que se perdieron en 2014 por personas en edad productiva que fueron asesinadas. En conjunto, estos tres puntos representaron un 3.1 % del PIB.
Los costos institucionales, con un 2.3 % del PIB, totalizaron $584.4 millones. “De esos, $328 millones son para seguridad y defensa, $155 millones para justicia y otro tipo de costos $57.2 millones”, citó Cabrera.
El último de los rubros fue el de los costos preventivos de la violencia, donde se detalla el monto que hogares y empresas destinaron al pago de servicios como seguridad privada, por $171.9 millones en 2014. “El gasto que las familias realizan en infraestructura no se da en todos los años, pero sí veíamos que hay incrementos en ciertos años, donde se ha visto que las personas han gastado más en medidas de seguridad”, advirtió una de las investigadoras de Redibacen y coautora del estudio, Margarita Peñate.
Impacto
Tras la presentación del estudio, el director ejecutivo de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), Ricardo Córdova, recordó que el impacto de la violencia alcanza cotidianamente a los ciudadanos, por lo que constituye un problema “relevante, compleja y desafiante”.
“Hay un costo más micro, que tiene que ver con el hogar que son impactados con robos, hurtos al ciudadano en el transporte a su casa y en las medidas que tienden a adoptarse por ello”, explicó.
El académico señaló también que el estudio debería ser considerado a la hora de calcular las necesidades de financiamiento para hacer frente a esta problemática.
“Es importante contar con la información sobre los costos económicos que ya se tienen en este momento en nuestro país”, mencionó.
16 % PIB
El costo de la violencia en 2014 fue equivalente al 16 % de la producción de bienes y servicios del país, según Redibacen.
11 % En 2011
En 2011, en el marco del Asocio para el Crecimiento, se estimó que el costo de la violencia era del 11 % del PIB para el país.
$28 Millones
Los costos derivados de inversión privada que no se ejecutó por la violencia sumaron $28.7 millones en 2014, según el estudio.