La reforma al decreto 608 de marzo de 2020, que autorizó al gobierno la gestión de endeudamento hasta por $2,000 millones para atención de la emergencia de la pandemia del covid-19, buscaría facilitar la gestión de los créditos y usar la mayor parte de los recursos para la brecha presupuestaria de 2021.

El documento presentado dice que de los $2,000 ya se entregaron $191.7 millones para proyectos municipales y que $1,174.8 millones son para cubrir el financiamiento que se demande.

“Se aprobó el 608 por $2,000 millones, pero de esos nos aprobaron $926 millones. De esos, se fueron una parte a obligaciones como Fomilenio II, en un primer momento pusimos dinero que luego completamos; pero buena parte fue para las alcaldías”, dijo el ministro, Alejandro Zelaya.

La reforma deroga el artículo 4 en el que se establecieron las condiciones para la gestión de los préstamos, como las tasas y plazos.

 

Modificaciones.


Aunque el funcionario negó que se harían cambios en los destinos, con la reforma se reduce el monto destinado a las municipalidades en $175 millones y se sacan los $125 millones para el aumento de la pensión mínima. Zelaya aseguró que dicho aumento se está cubriendo de los fondos corrientes del Estado.