Aprueban nuevas obligaciones para operadoras telefónicas sobre investigación de delitos

Miércoles 26, Octubre 2022 - 6:28 PM
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada con 64 votos. Ni Arena ni los diputados exareneros votaron. Los cuatro diputados del FMLN y Nuestro Tiempo votaron en contra.

Telefonías tienen 180 días para adecuar sus sistemas informáticos. Deberán almacenar información en servidores locales.

La Asamblea Legislativa reformó esta noche la Ley de Telecomunicaciones para crear nuevas obligaciones a las operadoras de telefonía, en el almacenamiento de información y en la colaboración en la investigación de delitos por la Fiscalía General de la República. Así, las operadoras estarán obligadas a entregar "toda la información requerida por la Fiscalía" sobre los datos de registro de la línea o de las líneas telefónicas investigadas, los registros de llamadas durante un periodo, los datos del origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica y otros. Las operadoras estarán obligadas, según la reforma, a tener soluciones técnicas para identificar a los originadores de la llamadas en el marco de la investigación de un delito, en todos sus usuarios. Así mismo, "todas las instituciones o empresas, nacionales o multinacionales, que tengan operaciones con datos o registros de información en territorio nacional, deben almacenar esa información en servidores locales" y deben tener representación local que dé acceso a la información. No llevar un registro fidedigno de sus usuarios, no adoptar soluciones para almacenar documentos de identidad con el rostro del usuario y su localización geográfica del primer registro de actividad de la línea, no contar con mecanismos de bloqueo serán infracciones especiales que serán castigadas con multa de 500 a 1,000 salarios mínimos vigentes del sector comercio y servicios por cada infracción: de $182,500 a $365,000. Actualmente, la multa por las infracciones especiales es de hasta 37 salarios mínimos: hasta $13,505. La reforma le da un plazo de 180 días (seis meses) a las operadoras telefónicas para adecuar sus sistemas informáticos a las nuevas exigencias de la reforma.