“Se trata más de la certeza sobre la previsibilidad de la política que viene con un acuerdo con el FMI, que es algo que el país tiene una carencia significativa en este momento”, dijo la vicepresidenta y directora de crédito sénior de Moody’s, Ariane Ortiz-Bollin, a la agencia internacional Reuters.
La reacción es emitida luego de que Moody's rebajara la calificación de deuda de El Salvador de “Caa1” a “Caa3”, con perspectiva negativa, por un riesgo de impago y presiones de liquidez.
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Esta semana, el vicepresidente senior de Moody's, Jaime Rausche, aseguró que estaban a la “merced de los tuit del presidente (Nayib Bukele)” sobre el tema del bitcoin, donde destacó que no existía “mucha transparencia” de cómo se hace las compras.
Esta es la segunda vez que la agencia degradó el perfil de El Salvador en menos de un año, pues en julio del 2021 se dio otra revisión a la baja. Además, en este 2022 Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de El Salvador a “CCC”, que se traducía en una probabilidad de incumplimiento como “una posibilidad real”, debido al alto nivel de endeudamiento y los riesgos de impago.
El Salvador confirmó que buscaba un acuerdo con el FMI en marzo del 2021 y se esperaba que estuviera listo en mayo de ese año; sin embargo, hubo varios retrasos en las negociaciones tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general.
Además, el FMI ha advertido de los riesgos potenciales al adoptar el bitcoin como moneda de curso legal y ha recomendó al Gobierno salvadoreño eliminarlo así como fortalecer la regulación de los activos digitales.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que era “falso” que el FMI pidiera eliminar el bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, y que más bien se refería a “limitar” con una petición a “evaluar”.
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El FMI dijo a Reuters que ha estado en conversaciones con el Gobierno salvadoreño abordando temas como el ritmo y composición de la consolidación fiscal, lavado de dinero, transparencia fiscal y rendición de cuentas sobre uso de fondos públicos.
“Nos sorprende que no estén dispuestos a seguir este camino. Desbloquearía otro financiamiento multilateral y potencialmente financiamiento de mercado que se necesita con urgencia”, indicó Ortiz-Bollin.
El acuerdo del FMI es clave para que el Gobierno salvadoreño tenga acceso al mercado y consiga el financiamiento para honrar $800 millones de bonos que se vencen en enero de 2023.
Hasta el momento, aún no se ha confirmado oficialmente de dónde se obtendrá el financiamiento para el pago, pero tanto Hacienda como el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministro de Economía aseguran que el país no caerá en impago.