La agencia se suma a Fitch Ratings, que la semana pasada hizo la misma operación con la nota de riesgo de El Salvador. Esto se debe a que las calificadoras consideran el Gobierno hizo un canje de la deuda de pensiones a “condiciones desventajosas”, pero, al mismo tiempo, los nuevos términos le mejoran las condiciones fiscales.
S&P Global Ratings adelantó que su calificación de impago selectivo solo durará un día y este 10 de mayo mejorará su calificación, muy probablemente a 'CCC+'y'C.
El Gobierno, a través del recién creado Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), tenía hasta el 30 de abril para definir las nuevas condiciones en el canje de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) a Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
Los CIP fueron, desde 2006, el instrumento legal para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) entregarán parte de los ahorros de los cotizantes que custodian en deuda al Gobierno. Estos recursos le servían para pagar las pensiones del sistema público.
En el canje, el Gobierno ofreció tres combinaciones (Serie A, B y C) con diferentes vencimientos, tasas de interés y perfiles de repago de capital.
Dos de las series coinciden con los plazos de los CIP, menos la tercera que ofrece un rendimiento mayor (7 % en lugar de un 4.5 % o 6 % que ofrecían los anteriores títulos), a cambio de un vencimiento más largo (de 50 años frente a 24 o 44 años) y con el perfil de repago diferente por un período de gracia.
Las AFP decidieron destinar el 99 % de su cartera a la tercera serie, que no tiene pago de capital ni de intereses durante los primeros cuatro años. Sobre esto, la agencia calcula que el Gobierno tendrá un alivio fiscal de $500 millones anuales en los próximos cuatro años, equivalente a 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
“En niveles de calificación tan bajos, consideramos que la mayoría de los canjes son en condiciones desventajosas y equivalen a un impago”, insiste la agencia en su análisis publicado ayer. Agrega que en un contexto de limitadas opciones de financiamiento, el Gobierno depende de esta operación para aliviar su gasto fiscal a través de la reducción en los pagos por cuatro años.