Al menos 11 organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos y medio ambiente manifestaron este lunes su rechazo ante la decisión de la Fiscalía General de la República de apelar la resolución absolutoria de los líderes ambientales en el caso de Santa Marta.

“Rechazamos el intento de revertir o dilatar la libertad definitiva de los líderes ambientales y exigimos la ratificación del fallo absolutorio dado por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque. Consideramos que las jueces que integran el tribunal actuaron apegadas al derecho y su decisión es legal y justa”, expresó Amalia López, miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua en una conferencia de prensa.

Las organizaciones que se pronunciaron en favor del caso Santa Marta fueron:
  • Alianza Nacional contra la Privatización del Agua
  • Foro Ecumenico de El Salvador
  • Socorro Juridico Humanitario
  • Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico de la Universidad de El Salvador
  • Colectivo Universitario por la Democracia de la Universidad de El Salvador
  • Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador
  • Vicerrectoría de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
  • Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular
  • Tutela Legal
  • Fuerza de Organización Popular
  • Red Continental por la Paz

El 18 de octubre del presente año, las juezas del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, declararon sobreseimiento para los ocho procesados del caso Santa Marta, acusados de homicidio durante el conflicto armado.

“Celebramos la valentía que todavía existe en algunos jueces como es el caso del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque que declaró inocentes a los compañeros defensores ambientales de ADES Santa Marta”, expresó Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario.

Sin embargo, 11 días después, el 29 de octubre, la Fiscalía General de la República presentó ante la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque una solicitud de apelación a la decisión emitida por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque.

La Fiscalía acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, procesados por el homicidio de María Inés Alvarenga, un hecho supuestamente ocurrido el 22 de agosto de 1989.

El presidente de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco, pide respeto al fallo pronunciado por las juezas. / Dania Quehl.
El presidente de ADES Santa Marta, Antonio Pacheco, pide respeto al fallo pronunciado por las juezas. / Dania Quehl.

Acusados esperan que “prevalezca la legalidad y el respeto al estado de derecho”

El presidente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta e implicado en el caso, Teodoro Antonio Pacheco, afirmó que él y los demás líderes comunitarios no están relacionados con la acusación que presentó Fiscalía y que esperan que “prevalezca la legalidad y el respeto al estado de derecho”.

“Nosotros estamos muy convencidos de que no tenemos nada que ver con la acusación que nos hacen y confíamos de que las instancias que llevan el caso tienen que resolver conforme a la legalidad, con el debido proceso y conforme al estado de derecho, no hay justificación para que las cosas sean distintas”, declaró Pacheco.

“El recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables jueces de sentencia, lo cual además constituye un comportamiento misógino de la Fiscalía General de la República que amerita ser denunciado como un acto de violencia contra la mujer”, declararon las organizaciones.

En ese sentido, las organizaciones solicitan a los magistrados de la Cámara Penal de Cojutepeque que “actúen conforme a la ley y justicia” rechazando la apelación presentada por la Fiscalía y “confirme la resolución que de manera unánime emitieron las juezas del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque”.

“Lamentamos que nuevamente la Fiscalía General de la República en obediencia a órdenes del (Órgano) Ejecutivo y amparados en el terror que significa el protocolo del Régimen de Excepción sean nuevamente criminalizados estos cinco defensores del medio ambiente”, agregó la vocera de Socorro Jurídico Humanitario.

Además, sostienen que la FGR ha “malgastado tiempo y recursos durante casi 2 años en la acusación sin prueba” contra los líderes comunitarios y hacen el llamado a que investiguen “los verdaderos delitos de guerra” y que “no se empeñen en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra los defensores del agua, el medio ambiente y la vida”.

La Comunidad de Santa Marta ha reiterado desde el principio que la acusación tiene un trasfondo que busca reactivar la minería metálica en El Salvador, debido a que entre los acusados hay cinco líderes ambientales del cantón Santa Marta, Victoria, Cabañas, quienes encabezaron la lucha antiminera en el país.

Tiempo en prisión

Por otra parte, Pacheco expresó sobre su tiempo en prisión, la cual describió como “un infierno”, donde ocurren una infinidad de situaciones desagradables que se pueden vivir y conocer.

“Realmente esos espacios deberían de cambiarse, no se pueden tener a los seres humanos en esas condiciones tan deprimentes e inhumanas, independientemente quien esté en esos lugares y la causa que sea. El Estado debe tomar en cuenta la legalidad propia y el derecho internacional”, expresó el presidente de ADES Santa Marta.

Pacheco señaló que durante su tiempo en prisión se carecía de atención médica, por lo que sus compañeros, que estuvieron privados de libertad, desarrollaron enfermedades que no poseían previo a su arresto en enero de 2023.

“Básicamente fue una experiencia difícil, pero también considero que hemos aprendido mucho de ello, indudablemente el que hayamos pasado a un arresto domiciliario nos ayudo muchísimo porque las verdad en esas condiciones en las que estábamos, nuestra salud se puso muy mal, compañeros que no tenían ningún tipo de enfermedad, con la alimentación tan mala, el estrés y el encierro les han aparecido enfermedades que ahora hay que resolver”, sostuvo.

Pacheco explicó que tiene problemas de tiroides, prostático y de hipertensión y “ahora hay que darle su tiempo al tratamiento para que se pueda minimizar, quizás alguna de esas cosas no se van a poder resolver totalmente”.