La financiera estadounidense J.P. Morgan asegura que la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador traerá "pocos beneficios" y pondrá en riesgo la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un crédito por hasta $1,300 millones.

A través de un comunicado publicado hoy, el gigante financiero señaló que habrá "problemas de implementación" tras la decisión de El Salvador de establecer un criptoactivo como segunda moneda, además del dólar.
Como con la dolarización a inicios de 2000, esta decisión no parece motivada por problemas de estabilidad, sino que está orientada a impulsar el crecimiento (...) Pero es difícil ver cualquier beneficio económico tangible al adoptar el bitcoin como segunda moneda de curso legal, y esto puede poner en peligro las negociaciones con el FMI". J.P. Morgan Chase.

El pasado 8 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Bitcoin, para reconocer a esta criptomoneda como divisa alternativa al dólar, y requiere a todos los agentes económicos ─empresas y emprendimientos─ a aceptar esta criptomoneda a cambio de bienes y servicios.

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En medio de esta decisión, El Salvador sostiene una negociación con el FMI para un acuerdo crediticio de Servicio Ampliado (SAF), por hasta $1,300 millones. Este préstamo, amarrado a un ajuste fiscal del que aún se desconocen los términos, permitiría al país cubrir parte de la brecha presupuestaria por tres años.
La pregunta sigue siendo si la designación de Bitcoin como moneda de curso legal por una nación soberana ampliamente reconocida, tendrá implicaciones mecánicas para su tratamiento en economías mucho más grandes bajo ley tributaria, las regulaciones bancarias, financieras y otras áreas". J.P. Morgan Chase.

Según la financiera, la ley Bitcoin podría "seguir construyendo sobre la imagen de Bukele como un marginado político e inconformista a la vanguardia de las tendencias del siglo XXI", llevando a otras naciones pequeñas a regularizar este tipo de criptoactivos.

Sin embargo, "el tono del Gobierno sobre la generación de empleo e inversión en el corto plazo parece inverosímil", y más bien, "levanta sospechas sobre la viabilidad en la implementación".

La adopción del bitcoin en realidad enfrentaría obstáculos regulatorios, como un sistema financiero dominado por bancos extranjeros; un desafío al estatus del dólar como moneda, y las tensas relaciones con Estados Unidos que podrían comprometer aún más las negociaciones con el FMI.

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El FMI también ha sentado postura sobre la decisión del país a adoptar el bitcoin. El portavoz del organismo multilateral, Gerry Rice, aseguró que la circulación del bitcoin genera riesgos para la economía a nivel financiero y legal.
La adopción del bitcoin como moneda de curso legal plantea una serie de problemas macroeconómicos, financieros y legales que requieren un análisis muy cuidadoso. Por tanto, seguimos de cerca los acontecimientos y continuaremos nuestras consultas con las autoridades". Gerry Rice, portavoz del FMI.

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Crisis afectaría agenda de Bukele.


J.P. Morgan también tomó a consideración cuáles serán los efectos de la 'bitconización' a nivel político. Con una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, indicó la financiera, el presidente Nayib Bukele tiene a su alcance una reforma constitucional "que podría estar relacionada a la prohibición de la reelección sucesiva" en el país. Para lograr esta aspiración, sin embargo, Bukele debe evitar una crisis financiera.
A pesar de su enorme popularidad y aún mayor poder, creemos que evitar una crisis financiera es una condición necesaria para que Bukele continúe con su agenda, incluida la reforma constitucional". J.P. Morgan Chase.

A esta crisis se suma, además, el incremento de la deuda pública. Tras la pandemia, los niveles de deuda "se han vuelto insostenibles" sin un ajuste fiscal de al menos un 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB); por lo que recomiendan alcanzar un acuerdo con el FMI.

"Pero, incluso antes del anuncio sobre el bitcoin, las preocupaciones por la gobernanza en El Salvador han ido en aumento", indicó J.P. Morgan, en referencia a la tensa relación con Estados Unidos ─principal accionista del FMI─ y la destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general.