Los jueces anunciaron la denuncia al Estado salvadoreño tras la publicación del decreto legislativo 144. / Iliana Cornejo
Jueces y magistrados informaron que hoy (17.09.2021) presentaron una denuncia al Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras las sanciones a la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que cesa a aquellos funcionarios de la judicatura mayores de 60 años y que tengan más de 30 años de trabajar.
La denuncia fue presentada por abogados de Cristosal y va específicamente en contra de la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República. La denuncia también recoge las reformas hechas a la Ley Orgánica de la Fiscalía, a pesar que ningún fiscal se ha mostrado ofendido por el decreto que los obliga a cesar sus cargos.
El juez Antonio Durán explicó que en la denuncia le han expresado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que han sido vulnerados, por lo menos, nueve de sus derechos:
- A la igualdad y no discriminación.
- Al principio de estricta legalidad en el marco de un procedimiento sancionador.
- El derecho a ser juzgado con arreglo a un procedimiento previo y legalmente establecido.
- A permanecer en el cargo en relación al principio de independencia judicial.
- A la protección judicial.
- Derecho de la población sujeta a juicio a ser oído por un juez competente, independiente e imparcial.
- Violación al derecho político de los ciudadanos a contar con jueces independientes e imparciales.
- A no garantizar los mecanismos de protección de la independencia judicial.
- Derecho a la verdad vinculado de manera directa a las garantías judiciales y de protección judicial.
Esta tarde se conoció que la Presidencia de la República sancionó y envió a publicar, al Diario Oficial, el decreto legislativo 144 que cesa inmediatamente a los jueces y magistrados mayores de 60 años y aquellos que tengan más de 30 años en la judicatura.
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Desde la aprobación del decreto legislativo, el pasado 31 de agosto, en la Asamblea, los jueces han denunciado que se trata de un atentado a la independencia judicial y que se pondría en riesgo las garantías constitucionales de un ciudadano en cualquier proceso, porque se impondrían jueces a la medida del Ejecutivo.
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El pasado 7 de septiembre, los jueces salieron a las calles por primera vez y exigieron a la Asamblea Legislativa que derogara el decreto que los cesa y restituir el Estado de Derecho, arrebatado el 1 de mayo, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El pasado 15 de septiembre, los jueces también marcharon en una protesta multisectorial convocada por la sociedad civil, en contra del gobierno de Nayib Bukele.
Tras los fallos de algunos casos mediáticos de exfuncionarios de oposición, Bukele ha dicho "y nos critican porque buscamos depurar el sistema judicial", luego que los jueces han puesto medidas o arrestos domiciliarios, contrario a lo solicitado por la Fiscalía General de la República, cuyo titular también fue impuesto por la bancada de Nuevas Ideas, el 1 de mayo.
¿Qué piden los jueces?
En la denuncia, los jueces han pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resuelva medidas cautelares a su favor, y que suspenda la vigencia de la reforma a la Ley de la Carrera Judicial y si en caso entrara en vigencia, se restituya a los jueces afectados "ya sea por traslado, remoción, destitución o cesación".
La reforma entrará en vigencia en los próximos 8 días, luego de la publicación en el Diario Oficial. El diario tiene fecha de publicado el pasado 14 de septiembre.
Ante la publicación de la reforma, la magistrada Cesia Romero, dijo que ya lo esperaban. Desde que surge el decreto era fácil entender que la finalidad que se llevaba era cesar a jueces, con señalamientos, según ellos de corrupción, pero que en ningún momento han acreditado nada", señaló la magistrada de la Cámara Ambiental.
La Constitución no es un instrumento del Gobierno para reprimir a la ciudadanía, al contrario; es un instrumento del pueblo para reprimir los abusos del ejercicio del poder público". Magistrada Cesia Romero.
Corte Plena avala
Hoy, el juez Antonio Durán señaló que la Corte Plena ya aprobó hoy mismo, con 9 votos, la entrada en vigencia del decreto 144 "a cambio de la renuncia de la vigencia de la ley de los jueces y que se vayan con un bono de 24 meses".
La semana pasada, el presidente de la Corte, Óscar López Jerez, se reunió con la Mesa Judicial y jueces que rechazaron la reforma; ahí, López Jerez les dijo que para él, el decreto era en contra de los jueces, pero que sometería en Corte Plena, que no se aplicara "automáticamente".
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El juez calificó de "chantaje" la compensación económica que la Corte Suprema de Justicia busca darles porque, según él, es a cambio de la independencia judicial.
El juez Durán señaló que se trata de "un despido injustificado" porque no se trata de una depuración judicial, dado que no se han seguido los procedimientos de depuración establecidos.