Jorge Aguilar es señalado como el empresario que vendió al Ministerio de Salud un lote de caretas protectoras por la que el Gobierno pagó $250 mil./DEM.


Debido a las denuncias públicas realizadas a través de redes sociales, la Corte de Cuentas de la República (CCR), inició un proceso de fiscalización en la compra de caretas protectoras que el Gobierno realizó, por $250 mil, a la empresa de Jorge Aguilar, recientemente destituido de la presidencia del Fondo Ambiental de El Salvado (Fonaes).

La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Rivas Landaverde, aseguró esta mañana en una entrevista radial que, un equipo se instaló la semana pasada con un "exámen especial" para procesar las compras. Este proceso se sumará a los acompañamientos concurrentes que la institución hace al Gobierno para constar las adquisiciones y los proyectos que realiza durante la emergencia por el coronavirus.

"Ya estamos trabajando en la verificación de ex funcionarios y funcionarios actuales. Como Corte de Cuentas vamos a tomar los artículos 25 y 26 de la Ley de Adquisiciones y Licitaciones (Lacap), nos enfocamos en la fiscalización de recursos públicos, si identificamos una irregularidad tenemos la facultad de dar el aviso a la Fiscalía General de la República", dijo Rivas.

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Según la presidenta de la CCR, se debe determinar la fuente de financiamiento que tuvo la compra que realizó el Gobierno, para determinar qué ley aplicar en el caso.

"Los fondos de Fropomid (Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres) se pueden utilizar en dos momentos: uno para prevenir un desastre y otro cuando estamos en Estado de Emergencia. Hay que definir la fuente de financiamiento, para determinar qué ley aplicar"

Asimismo, la funcionaria advirtió que, si bien la emergencia permite algunos privilegios como no aplicar la Lacap, pero hay otras gestiones previas que se deben ir realizando y documentando por cada adquisición pública realizada.

Landaverde afirmó que el próximo 28 de julio esperan presentar los resultados del proceso de la compras de caretas protectoras y demás adquisiones del Gobierno central durante la emergencia.

"Dentro de nuestra normativa tenemos la facultad de dar aviso a la FGR de alguna anormalidad (Malversación de fondos). Pero será la FGR la que realice las investigaciones necesarias. Corte de Cuentas no puede meter preso a nadie, porque no podemos condenar, sólo podemos multar", lamentó Landaverde, quien aseguró que es necesario que se doten de herramientas para realizar un trabajo "más eficiente" en la fiscalización de las instituciones.

El presidente de la República, Nayib Bukele indicó el sábado pasado que había pedido dos auditorías, una a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) y a la Corte de Cuenta de la República (CCR), por “una posible violacion a la Ley de Ética”, sin embargo, Landaverde afirmó que los procesos iniciaron por las denuncias de organizaciones y reportes periodísticos, en las redes sociales.

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