Tras dos prórrogas al Estado de emergencia, la cuarentena domiciliar llegaría tentativamente hasta el 16 de mayo. /DEM.
Ante los temores de que se endurezcan las medidas de cuarentena domiciliar para contener el COVID-19, este lunes la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (Fusades) urgió a definir un plan de reapertura gradual de la economía salvadoreña.
“Urge definir una estrategia de reapertura gradual de la economía bajo nuevos protocolos de salud y de seguridad. Una estrategia exitosa es la que puede balancear el resguardo a la vida y a los medios de subsistencia”, indicó Fusades en su posición institucional “Medidas económicas anunciadas y el financiamiento ante la pandemia del COVID-19”.
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El Gobierno salvadoreño presentó hace dos semanas un paquete de medidas económicas, elaborado junto a la cúpula empresarial, que incluyen una solicitud de financiamiento adicional de $1,000 millones. Este plan se sumaría a los $2,000 millones que la Asamblea Legislativa aprobó al Ejecutivo para que contrarreste el golpe de la pandemia.
Fusades señaló que los $2,000 millones de financiamiento –que aún busca el Ministerio de Hacienda- elevaría el déficit fiscal de El Salvador a 12.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda llegaría a un 87.1 % del PIB, si todo se lograse ejecutar en 2020.
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No obstante, al sumar el nuevo paquete de deuda de los $1,000 millones, el déficit fiscal se elevaría a 16 % del PIB y la deuda pública llegaría a 91 %. “La solicitud de más deuda es alarmante dentro de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el país”, indicó el tanque de pensamiento.
¿Pero qué se debería hacer? La institución destacó que para un país “con grandes limitaciones en su capacidad fiscal” la “única opción viable” es la reapertura gradual de la economía, tomando los protocolos de prevención. Señaló que las medidas de apoyo a las empresa y familias “no implican” que se puedan mantener las restricciones a la actividad económica “por mucho más tiempo”.
“La estrategia actual de cierre del aparato económico no es funcional, por el alto costo humano que genera, y por la limitación a las libertades y derechos de los ciudadanos”, sumó en su posición institucional.