"Lamento informar al pueblo salvadoreño que en el gobierno del expresidente Mauricio Funes se dieron graves e indignantes actos de corrupción donde se extrajo fondos públicos por un orden aproximado de 351 millones de dólares".
Douglas Meléndez,
Fiscal general de la república, en 2018, a los periodistas que cubrían la conferencia.
Meléndez precisó que se trataba de “una estructura sofisticada” creada para lavar dinero, un modo de operar que evocaba al entonces caso en desarrollo del también expresidente Antonio Saca, quien confesó haber sustraído $300 millones de Casa Presidencial para cuentas de terceros, también de los gastos reservados.
Tras la conferencia de prensa, la Fiscalía General de la República acusó a 32 personas de delitos de peculado, lavado de dinero, casos especiales del delito de encubrimiento y casos especiales de lavado de dinero, y el principal implicado era el exmandatario, Mauricio Funes.
El pasado viernes 8 de noviembre, al menos 10 personas escucharon el fallo del caso, la exprimera dama de la república, Vanda Guiomar Pignato fue absuelta de lavado de dinero, el delito original imputado en el caso, pero fue condenado a tres años excarcelables por simulación de delito, un caso que había sido acumulado en el proceso.
También fueron condenados el empresario y expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), Miguel Menéndez; el exsecretario de comunicaciones, David Rivas; el papá de la expareja de Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo; y el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro.
Del proceso penal resultaron absueltos, el exjefe de contabilidad de Casa Presidencial, Rigoberto Palacios Panameño, el extesorero de Casa Presidencial, Jorge Alberto Hernández Castellanos; el exgerente financiero de Presidencia, Francisco Rodríguez Arteaga; el extécnico de Presidencia, Pablo Gómez y el papá de un militar que laboraba en Presidencia, Luis Miguel Ángel García.
Pero ¿por qué el principal implicado, Mauricio Funes, no fue enjuiciado?
La Fiscalía inició esta investigación en el año 2016, cuando el 16 de agosto de ese año allanó las propiedades del expresidente Funes, sin embargo, él se fue a Nicaragua días previos. El 6 de septiembre de 2016 Funes recibió asilo político para él y su núcleo familiar al régimen de Daniel Ortega.En 2018, cuando la Fiscalía giró las órdenes de captura también pidió la extradición de Funes desde Nicaragua.
En marzo de 2019, el entonces presidente electo, Nayib Bukele, prometió que traería de regreso a Funes para que enfrentara la justicia.
Sin embargo, el 15 de julio de 2019, Nicaragua publicó en su diario oficial que nacionalizaba a Funes y su núcleo familiar. La Constitución de la República prohíbe entregar a sus ciudadanos por extradición.
Cuando el proceso penal llegó a la etapa de instrucción, en los juzgados salvadoreños, se dividió en dos: uno para los acusados capturados y con medidas como casa por cárcel, y otro para los prófugos como Funes.
El Código Procesal Penal impedía que este caso siguiera su desarrollo, dado que prohibía enjuiciar a los acusados que no están presentes, desde la fase de instrucción; sin embargo, tras las reformas hechas por la Asamblea Legislativa, en septiembre del año 2021, permitió que los casos en pausa o archivados siguieran su curso, aún con la ausencia de los imputados debido a una disposición transitoria.
La segunda parte del caso Saqueo Público se reactivó en abril del año 2024, cuando el Juzgado Primero de Instrucción intentó realizar la audiencia preliminar contra 17 personas, esta vez, sí incluído el expresidente Funes.
En julio volvió a programarse la audiencia, y de igual manera, se suspendió. La audiencia preliminar, la segunda del proceso penal, sigue pendiente de realizarse para ellos. En ella, se definirán las pruebas para enfrentar un posible juicio en ausencia.
¿Y el resto de imputados?
Durante los seis años que el caso ha permanecido en los juzgados salvadoreños, otros procesados han optado por otras alternativas de enfrentar la justicia, por ejemplo, la actriz y expresentadora de televisión, Regina Cañas, quien fue la segunda esposa del expresidente Funes enfrentó la justicia después de haber solicitado un procedimiento abreviado a la Fiscalía General de la República.La popular expresentadora apareció públicamente el 19 de marzo del año 2021 en el Centro Judicial Isidro Menéndez donde declaró y aceptó el delito de casos especiales de encubrimiento. En marzo de ese año, Cañas fue condenada a tres años excarcelables a cambio de 144 jornadas de trabajo público.
Posteriormente se conoció que un juzgado de vigilancia penitenciaria le impuso dar clases de teatro e inglés a un grupo de niños en El Zonte. Este año, 2024, terminaba su condena.
El 13 de mayo del año 2022 también se conoció que el procesado Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza, representante legal de Agrosuministros aceptó iniciar un proceso abreviado por el delito de casos especiales de encubrimiento y fue condenado.
Por otro lado, se conoció que la imputada Ana Elizabeth Coto murió después de la pandemia, sin embargo, ningún se ha pronunciado por el sobreseimiento penal como indica la ley.
Mientras que el exsecretario privado de la presidencia, Francisco Cáceres, después de mucho tiempo de estar prófugo, la Fiscalía le cambió la calidad y lo presentó como testigo del caso sin régimen de protección a su identidad y declaró durante el juicio que finalizó recientemente. De hecho, durante el juicio la defensa dijo que el único encargado de administrar el dinero era Cáceres y pidieron excluir su testimonio.
¿Qué sigue?
Hay dos caminos para este proceso penal, el primero es que tanto la defensa como la Fiscalía presenten apelaciones por la decisión que tomó el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador recientemente, para los enjuiciados de la primera parte, para que una cámara confirme o modifique la resolución jurídica.Por otro lado, aún falta que el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador desarrolle la audiencia preliminar contra Funes y 16 acusados.
Paralelamente, en 2019, la Fiscalía empezó un proceso de extinción de dominio para los bienes todos los imputados del caso Saqueo Público, del cual se desconoce su desarrollo.