El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro./Foto de Casa Presidencial.


El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, justificó este viernes la constitucionalidad de las medidas implementadas desde el jueves por un nuevo decreto ejecutivo, por deberse a lineamientos que se dieron al Ministerio de Salud (Minsal) por parte de delegados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El decreto establece restricciones para la circulación de las personas con el fin de evitar el contagio de la pandemia COVID-19: no podrán salir de sus casas todos los días para abastecerse de alimentos y medicinas, sino por fechas fijadas por el Gobierno, de acuerdo al último número del Documento de Identidad Personal (DUI).

Además, en el decreto ejecutivo 22 “Habilitaciones previstas en el artículo 8 de la “Ley de regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia”, emitido el 6 de mayo por el ministro de Salud, Francisco Alabí también se prohibió la circulación del transporte público desde el jueves 7 al 21 de mayo.

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"Con el decreto número 22 lo que se hace es un ordenamiento, porque nos dimos cuenta que la gente iba al supermercados y se hacían colas y colas en el supermercado, entonces, al establecer fechas especificas con los últimos digitos del Documento Único de Identidad (DUI), establecimos un ordenamiento", reiteró Castro, quien justificó que se están respetando el distanciamiento solicitado por Salud.

Asimismo, Castro dijo que la prohibición de la circulación del transporte público busca "proteger la vida de los salvadoreños", al mismo tiempo que explicó que, un mayor contagio de coronavirus puede darse en los buses que transitan diariamente en el país, ya que "el virus puede permanecer ocho horas", en las unidades.

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Con respecto a las medidas de no trasladarse a otro municipio indicpo que se deben a que “podemos tener un municipio con un nivel de contagio muy fuerte, si una persona pasa a un municipio que no tenga ningún contagio, inmediatamente se va a contagiar, porque el vector del virus somos nosotros”.

Pero aclaró que, de tratarse de un municipio donde no hay ni supermercados ni bancos a la mano, "el agente policial encargado va a entender que usted se dirige al municipio a comprar sus alimentos y medicinas".

En la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue presentada ayer una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto del Ramo de Salud 22 y este viernes fue presentada una segunda.

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Por su parte, el asesor jurídico señaló que cada grupo que se pronuncia o demanda debería de tener en cuenta que las medidas son porque existe "una emergencia" y que los lineamiento los lleva el Ministerio de Salud y no el Ejecutivo.